El Gobierno de México ha ofrecido una disculpa pública a la familia de la defensora de los Derechos Humanos y abogada Digna Ochoa y Plácido, tras reconocer que las autoridades del país cometieron irregularidades en la investigación sobre el asesinato de la víctima hace más de dos décadas.
«Nos encontramos hoy aquí para reivindicar y dignificar su trabajo, para resarcir y dignificar su memoria, por ello ofrezco una disculpa pública a su familia porque el Estado mexicano no garantizó su acceso pleno a la justicia», ha reconocido el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación de México, Alejandro Encinas.
De esta forma, Encinas ha confesado que ni las autoridades locales ni las nacionales cumplieron con los protocolos especializados para la investigación del caso, al cometer fallos en el proceso y no realizar las debidas diligencias.
El subsecretario de DDHH ha asegurado que Digna Ochoa fue revictimizada y estigmatizada por el hecho de ser mujer, recoge el diario ‘El Sol de México’.
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Además, ha anunciado que la Fiscalía local ha reabierto la investigación sobre el asesinato de Digna Ochoa a través de una unidad especializada con enfoque de género y de Derechos Humanos. Dicho equipo cuenta con el voto de confianza de la familia Ochoa y Plácido, ha precisado Encinas.
Estas declaraciones, que se han producido en el 21 aniversario de la muerte de la activista y abogada, se enmarcan en el cumplimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitida en enero.
El fallo del CIDH sentenciaba a México por las graves fallas en la investigación de la muerte ocurrida el 19 de octubre de 2001, mientras que ordenaba al Estado mexicano a reabrir las indagatorias del caso, investigar y juzgar a los posibles responsables de su muerte, realizar un acto público de responsabilidad internacional y crear un reconocimiento en materia de defensa de DDHH bajo el nombre de la víctima, recoge el periódico ‘La Jornada’.
Digna Ochoa, cuya carrera en la defensa de los Derechos Humanos le había causado problemas de seguridad –en 1988 fue secuestrada–, fue encontrada sin vida en su despacho en octubre de 2001 con dos impactos de bala, inicialmente calificado como un suicidio, sus familiares lucharon por demostrar que había sido un asesinato.
En el momento en que murió trabajaba en casos de ecologistas torturados en el estado de Guerrero, y desde el primer momento se barajó la posibilidad de que se tratase de un crimen de Estado por el tipo de labor que llevaba a cabo la activista, en un momento, además, en que el Ejército mexicano acumulaba denuncias por violaciones de Derechos Humanos.
