Bajo un fuerte aguacero, Luz Miryam Fique maniobra como puede con su motoneta para entregar dos bolsas de comida. Como ella, miles de repartidores en Colombia se enfrentan a la intemperie por una modesta paga.
En el país hay unos 50.000 «rappitenderos», llamados así por la multinacional colombiana que los emplea, Rappi.
A veces reciben menos de un dólar por trayectos de varios kilómetros, denuncia el sindicato que formaron recientemente.
No hay ningún contrato entre estos repartidores -que en su gran mayoría se mueven en bicicleta- y el líder del mercado de reparto a domicilio en Colombia, que se fundó en 2015 y está valorado en $us 5.250 millones.
Rappi señala que no es empleador de los repartidores, sino una plataforma que permite la intermediación entre consumidores, repartidores independientes y comercios.
Luz Miryam, de 57 años y cabello morado bajo el casco, dejó su trabajo como asistente en una oficina para dedicarse únicamente a Rappi. Cuatro años después preside la organización de empleados UNIDAPP.
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Al principio «tenía uno 130 o 140.000 pesos al día (unos $us 28 al cambio del 25 de octubre), sin fregarse (agotarse)», explica la mujer, con una trajinada caja plástica naranja neón colgada a la espalda.
Hoy, para ganar eso, «toca trabajar por lo menos 16 horas (…) íy dándole duro, duro!», expresa a la AFP.
«Cuando yo empecé a trabajar con Rappi me dijeron: ‘tu prendes la aplicación cuando quieras, coges el pedido que quieras, te vas a la hora que quieras’. Hoy en día no podemos hacer eso», dice la repartidora, atenta a su teléfono para tomar un nuevo pedido.
– Informalidad –
Rappi sostiene que sus repartidores «independientes (…) pueden generar el doble de ganancias por hora» que un empleado con el salario mínimo legal (unos $us 202 al mes).
«Ganan más de lo que gana el 70% de la población colombiana por hora», enfatiza la compañía en un comunicado dirigido a la AFP.
La llegada de más de dos millones de migrantes venezolanos a Colombia ha jugado a favor de la plataforma, que ofrece entregas a precios bajos gracias a la abundante mano de obra.
También la pandemia «le cayó como anillo al dedo» a la aplicación, dijo Luz Myriam. «De ahí en adelante Rappi hizo y está haciendo todo lo que se le antoja», lamenta.
La valoración de la empresa creció un 420% entre septiembre de 2018 y julio de 2021. Hoy hacen entregas en Argentina, Brasil, México, Chile y otros cinco países latinoamericanos.
Los confinamientos, además de disparar la demanda, han dejado sin empleo a muchos colombianos, que han recurrido a Rappi para sobrevivir. A ellos se unieron los emigrantes venezolanos que ahora constituyen una gran parte de la plantilla de la empresa.
«Hay un aprovechamiento: para un trabajador migrante es muy difícil o imposible ubicarse en la economía formal, dado que en Colombia los empleos formales son escasos», explica Natalia Ramírez, profesora de derecho laboral de la Universidad de los Andes.
Seis de cada diez colombianos trabajan en la informalidad.
Según la multinacional, «tan solo el 14% de los repartidores tendría un empleo formal si no existieran las plataformas digitales».
«El 44% estaría desempleado», agrega Rappi, citando un estudio del centro de pensamiento Fedesarrollo.
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– Sindicalizados –
Madre de dos hijos, Luz Miryam atiende en las mañanas un negocio familiar de abarrotes y en las tardes se ocupa con Rappi. La inseguridad y los accidentes de tránsito son sus principales enemigos.
Su moto derrapó una vez bajo la lluvia y cayó al suelo. «Casi no me puedo parar. Duré como ocho días que no pude trabajar», recuerda.
La compañía no cubre gastos médicos ni las incapacidades de los repartidores que se accidentan en el trabajo señalan «rappitenderos».
Pero la empresa indica que ofrece beneficios para quienes se conecten a la aplicación, como un seguro de accidentes personales que los cubre durante cada orden en curso y hasta 30 minutos después de finalizada la misma.
La UNIDAPP busca mejores pagos para los «rappitenderos» e intercede cuando son vetados por la aplicación, una sanción habitual para quienes se rehúsan a tomar pedidos.
El parlamentario liberal Mauricio Gómez Amín prepara un proyecto de ley para «regular no solo a Rappi sino a todas las plataformas digitales (…) para que no abusen de sus empleados».
Los repartidores «no tienen derechos laborales, y Rappi no les reconoce sus derechos (…) No cotizan pensión, no les pagan sus riesgos laborales», denunció Gómez en Semana TV.
