La Defensoría del Pueblo de Perú ha mostrado su disposición a colaborar con la Organización de Estados Americanos (OEA) en su inminente visita al país a petición de la Presidencia y en la que evaluará la situación democrática del Estado latinoamericano.
Así lo ha detallado en una entrevista con la emisora RPP la defensora del Pueblo de Perú, Eliana Revollar, señalando que, aunque no ha solicitado la reunión con la OEA, estaría dispuesta a colaborar si el organismo se lo pidiese.
«Nosotros no hemos solicitado una reunión (con la OEA), como tampoco hemos hecho con la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos): nos han buscado. Si (la OEA) tiene a bien pedir la participación de la defensoría, nosotros estamos dispuestos a contribuir», ha dicho Revollar durante la entrevista.
En este sentido, la defensora del Pueblo de Perú ha subrayado la importancia de que la OEA tenga «una mirada muy panorámica de lo que viene ocurriendo» en Perú, por lo que ha instado al organismo a no solo hablar con el Ejecutivo, sino también a hacerlo con el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso.
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«Es importante, creo, que tenga una mirada muy panorámica de lo que viene ocurriendo en nuestro país», ha afirmado Revollar, según ha recogido el citado diario.
Con todo, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado que se espera que el grupo de alto nivel de la OEA llegue a Lima la próxima semana.
Ante este hecho, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social ha pedido «recibir con respeto» a la comisión del organismo, según ha recogido la agencia Andina.
«Es muy bueno que vengan los representantes de la OEA al país para que puedan verificar ellos mismos cuál es la realidad política, creo que están viniendo más a ello por la carta democrática que ha invocado el Ejecutivo a ese organismo internacional», ha remachado.
La OEA expresó la semana pasada su apoyo al presidente Castillo y anunció que enviará a Perú una delegación «de alto nivel» para analizar la situación democrática en el país sudamericano tras la petición de ayuda previa del propio mandatario peruano.
El Ejecutivo peruano había solicitado formalmente al OEA la activación de una serie de artículos de la Carta Democrática con los que el organismo puede brindar asistencia cuando «el Gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder».
Esta petición por parte de Castillo se dio apenas una semana después de que la Fiscalía General del Estado presentase ante el Congreso una acusación constitucional contra el mandatario en la que se le acusaba de presunta corrupción.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con altos funcionarios, empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
