«Tengo tres posibilidades de futuro: ir preso, ser asesinado o la victoria», declaró Jair Bolsonaro en agosto de 2021, poco más de un año antes de perder ante el izquierdista Lula da Silva en las presidenciales brasileñas de este domingo.
«Pero pueden estar seguros de que la posibilidad de que vaya preso no existe», agregó entonces el mandatario ultraderechista frente a una platea de evangélicos.
Pese a sus declaraciones, analistas consultados por la AFP consideran que el excapitán del Ejército, de 67 años, enfrenta posibilidades reales de encarcelamiento, aunque los procesos judiciales pueden llevar años.
Desde el inicio de su mandato, Bolsonaro ha sido blanco de varias investigaciones, entre otros motivos por difundir informaciones falsas, y fueron presentados ante el Congreso 150 pedidos de ‘impeachment’, en su mayoría motivados por su gestión de la pandemia de covid, que dejó más de 687.000 muertos en Brasil.
Las amenazas contra su mandato han sido bloqueadas hasta ahora por dos personajes clave: el fiscal general Augusto Aras, que se ha negado a formular cualquier denuncia penal contra el jefe de Estado, y el presidente de la Cámara de Diputados, el conservador Arthur Lira, quien tiene la llave para iniciar cualquier proceso de destitución política.
Pero la suerte puede cambiar el 1º de enero, cuando Luiz Inácio Lula da Silva asuma la presidencia y Bolsonaro pierda sus fueros.
A partir de entonces, podrá ser juzgado por la justicia ordinaria, y no por la corte suprema.
Negocios familiares
Hasta ahora, mientras Bolsonaro gozaba de esa inmunidad, la justicia brasileña ya ha puesto un ojo en los negocios de su familia.
A fines de 2020, la fiscalía de Rio de Janeiro denunció al hijo mayor del presidente, el senador Flávio Bolsonaro, por desvío de fondos públicos y lavado.
Las autoridades sospechan que cuando era diputado regional de Rio, el primogénito contrataba a familiares y allegados como asesores «fantasma», quienes a fin de mes le devolvían parte de sus salarios sin ejercer ninguna función en su despacho.
La investigación volvió a la casilla cero en mayo pasado, después de que un tribunal superior anulara todas las pruebas recolectadas por la fiscalía de Rio mediante la quiebra del secreto bancario de Flávio, por considerar que el caso debería tramitarse en la tercera instancia judicial por su cargo de senador.
Pero una serie de reportajes del portal UOL revelaron que la fiscalía reunió fuertes indicios de que la práctica era generalizada en la familia Bolsonaro e incluía también los despachos del mandatario, que fue diputado federal durante 27 años antes de ganar la presidencia.
«Cuando su mandato termine, Jair Bolsonaro podrá responder a la justicia ordinaria y la fiscalía podría abrir nuevas investigaciones», asegura el jurista Rogério Dultra dos Santos, de la Universidad Federal Fluminense (UFF).
El presidente, que niega cualquier irregularidad, se dice víctima de una «persecución política», sobre todo por las revelaciones más recientes de UOL de que entre 1990 y 2022 él y sus allegados adquirieron 51 inmuebles total o parcialmente con dinero en efectivo, por un total de 4,8 millones de dólares al cambio actual.
A lo largo de su mandato, Bolsonaro ha clasificado como reservados por los próximos cien años una serie de documentos oficiales y personales, como su carné de vacunación o datos del organismo recaudador relacionados con la investigación de su hijo Flávio.
«Lula ha prometido que autorizará el acceso a esos documentos si es elegido. Si lo hace, esto podría tener consecuencias judiciales», estima Dultra dos Santos, miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD).
Futuro «a lo Trump»
Dultra dos Santos subraya sin embargo que los procesos podrían «tardar varios años», con múltiples recursos que retarden una eventual prisión.
Jair Bolsonaro podría beneficiarse de un cambio de jurisprudencia de la corte suprema sobre el cumplimiento de penas, que determinó en 2019 que los condenados pueden responder en libertad hasta agotar todas las instancias judiciales.
Esto devolvió por ejemplo la libertad a Lula tras 18 meses en prisión por condenas de corrupción en el caso Lava Jato, que meses después fueron anuladas por problemas procesales.
Bolsonaro sorprendió en septiembre al decir que pretendía «pasar la banda (presidencial) y apartarse» de la vida política en caso de derrota.
«Me parece poco probable que abandone la política después de la elección. Le veo más un futuro a lo (Donald) Trump, que sigue teniendo una influencia considerable en la política estadounidense a pesar de su derrota en 2020», evalúa la politóloga Mayra Goulart, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
