El gobierno de Nayib Bukele, que se ha declarado en guerra contra las pandillas, dijo que los delincuentes más peligrosos serán sometidos al «más severo» encierro.
Y serán llevados en un gigantesco centro penitenciario para 40.000 personas que se construye en El Salvador.
«Los mayores terroristas, gatilleros (pandilleros sicarios), palabreros (pandilleros jefes de células), colaboradores», aseguró en su cuenta de Twitter el viceministro de Justicia, Osiris Luna.
A dicho recinto se lo denominó el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
La enorme prisión está siendo levantada en Tecoluca, en el centro del país.
Luna mostró en Twitter fotografías de los avances en la construcción. En las imágenes se exhibe el interior de un pabellón de dos pisos con un ancho pasillo al medio y muchas celdas con gruesos barrotes. Desde el techo, pequeños tragaluz dejan pasar rayos de sol.
«El régimen al que van los terroristas es el más severo», advirtió Luna, también director de Centros Penales, sin precisar cuándo quedará terminada la megaprisión, aunque el gobierno ha estimado que podría estarlo a fines de año o a inicios de 2023.
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Régimen de Excepción
El Congreso, a pedido de Bukele, declaró en marzo pasado un régimen de excepción para combatir a la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, las dos pandillas más poderosas del país y responsables de alarmantes cifras de asesinatos.
Además de permitir detenciones sin orden judicial, el régimen de excepción suspende la libertad de asociación y el derecho a la defensa que tiene un procesado.
Además extiende el plazo de detención preventiva de tres a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones.
Desde que está en vigor, la policía y el ejército han detenido a 56.716 presuntos pandilleros en el marco de esa «guerra», según cifras brindadas por el ministerio de la Defensa.
Los detenidos se suman a 16.000 pandilleros que ya estaban encarcelados.
El combate a las pandillas es respaldado por tres de cada cuatro salvadoreños, según una encuesta de octubre.
Pero las políticas de Bukele han estado en la mira de organismos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.
