Rey emérito Juan Carlos reclama inmunidad en Inglaterra hasta su abdicación en 2014, intentando mitigar una demanda por acoso presentada por su examante.
En un caso enturbiado por la publicación de un polémico pódcast sobre su romance.
Tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres escucharán durante todo el día a los abogados del exmonarca español, de 84 años, según AFP.
Y de la empresaria germano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 58 años, con quien mantuvo una relación entre 2004 y 2009.
Los magistrados tardarán sin embargo varias semanas en pronunciarse.
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Rey emérito
Denunciando ocho años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación, la empresaria presentó en octubre de 2020 una demanda civil por acoso en Londres, donde vive.
Asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012 buscando recuperar regalos, obras de arte, joyas y obsequios financieros por valor de 65 millones de euros (un monto similar en dólares).
Reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento. No hay riesgo de cárcel o extradición al padre del actual rey Felipe VI.
Corinna Larsen ausente
Juan Carlos, que desde agosto de 2020 vive exiliado en los Emiratos Árabes Unidos, niega las acusaciones.
Hasta ahora no ha comparecido a ninguna de las vistas en Londres y tampoco lo hizo el martes.
Contrariamente a su costumbre, también estuvo ausente esta vez Sayn-Wittgenstein.
El equipo jurídico del rey emérito defiende desde 2021 que, en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978, no puede ser juzgado por tribunales ingleses.
En marzo, un juez de la Alta Corte de Londres le denegó dicha inmunidad.
Argumentando que tras su abdicación en junio de 2014 dejó de ser miembro de la casa real, e incluso antes sus presuntos actos de acoso no se beneficiarían de dicha protección.
Pero el Tribunal de Apelación accedió a reexaminar la cuestión, aunque únicamente mientras fue rey y en caso de que actuase como tal.
«La inmunidad es un obstáculo procesal”
“No tiene en absoluto en cuenta la legalidad o la moralidad de la conducta aludida», defendió el abogado británico de Juan Carlos, Tim Otty, en el inicio de la vista.
«La conducta sigue siendo imputable al Estado aunque el agente del Estado actúe con abuso de poder», agregó.
