El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el jueves que van a presentar una ley para reformar el código penal y adaptar al estándar europeo el delito de sedición, usado para procesar a los líderes separatistas catalanes.
La justicia española condenó en 2019 a prisión por este delito a nueve dirigentes catalanes que participaron en la organización de un referéndum prohibido y en la fallida declaración de independencia de esta región en octubre de 2017.
En una entrevista con la televisión La Sexta, Sánchez dijo que su partido socialista y su socio de coalición de izquierda radical, Podemos, presentarán el viernes la iniciativa en el Parlamento.
Esta medida, a la que el dirigente socialista se había comprometido desde hace tiempo, «va a ser una iniciativa que ayude también a distender la situación en Cataluña», afirmó.
«Mañana mismo (…) vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza», dijo.
El delito pasará a llamarse de «desórdenes públicos agravados» y contemplará penas similares a las catalogadas «en códigos penales de democracias europeas».
El fallido intento de secesión provocó una grave crisis política en España.
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El entonces presidente regional Carles Puigdemont y algunos miembros de su gobierno huyeron al extranjero, pero una docena de otros dirigentes fueron detenidos, juzgados y condenados por sedición y malversación.
Nueve de ellos recibieron penas de entre nueve y trece años de cárcel, aunque luego recibieron el indulto del gobierno de izquierdas español.
España todavía quiere conseguir la extradición de Puigdemont y dos antiguos ministros del gobierno regional, algo que no cambiará con la nueva ley, dijo Sánchez.
«Los delitos que se cometieron en el año 2017 son delitos que continúan estando presentes en nuestro código penal, no ya como delitos de sedición (…) sino como una nueva tipología de delitos que se llama desórdenes públicos agravados», explicó.
Los separatistas llevan largo tiempo en el poder de esta rica región del noreste de España, pero están mermados por las profundas diferencias sobre cómo alcanzar la secesión y el apoyo menguante de la población.
Sánchez defendió que reformar este delito, tipificado en 1822, será un «paso adelante» hacia la armonización legal con Europa.
