El presidente regional de Cataluña, Pere Aragonès, celebró este viernes la decisión del gobierno español de presentar una proposición para sustituir el delito de sedición, usado para procesar a los líderes separatistas, por otro de penas más suaves, una medida que la oposición conservadora quiere revertir cuando vuelva al poder.
«La derogación del delito de sedición es un paso importantísimo para conseguir el objetivo de poner fin a toda forma de represión, pero queda camino por recorrer todavía», aseguró Aragonès, un independentista moderado del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), en Barcelona.
«Habrá que hacer más porque seguimos comprometidos con conseguir los efectos de la amnistía», agregó sobre los imputados en los procesos derivados de la celebración de un referéndum prohibido y la fallida declaración de independencia de esta región del noreste español hace cinco años.
Pese a que se opone frontalmente a un perdón total, el gobierno del socialista Pedro Sánchez apostó por establecer un diálogo con el ejecutivo catalán, impulsado especialmente desde que ERC, de quien precisa su apoyo en el Parlamento español, accedió al poder regional el año pasado.
Tras el indulto concedido en 2021 a los nueve líderes separatistas condenados, Sánchez dio un paso más en la noche del jueves al anunciar que su partido y su socio de coalición de izquierda radical, Podemos, presentarían una propuesta de ley para reformar el código penal y sustituir el delito de sedición, como venía reclamando gran parte del independentismo.
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«La mayoría de los países europeos han ido adaptando los diferentes delitos de alteración del orden público a las sociedades modernas, menos España, así que lo que hacemos ahora es introducir una nueva regulación del delito de desórdenes públicos», explicó el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, al presentar el documento este viernes.
La iniciativa, que llega en plena tramitación de los presupuestos, fue muy criticada por el opositor Partido Popular, que se comprometió a reinstaurar el delito si vuelve al poder, dijo su líder, Alberto Núñez Feijóo.
«Voy a revertir» la decisión «si soy presidente del gobierno, porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución», aseguró Núñez Feijóo en un mensaje al país.
El delito de sedición fue básico en las condenas de entre nueve y trece años de prisión que recibieron los nueve líderes separatistas catalanes juzgados por su participación en el frustrado intento de secesión que sumió a España en una profunda crisis política en 2017.
Cuando se tramite la reforma en el parlamento, el delito de desórdenes públicos agravados comportará penas de «entre 3 y 5 años de prisión», adelantó López.
El cambio podría beneficiar entre otros al expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica para evitar a la justicia española.
«Puigdemont, si vuelve a España, será juzgado», reiteró Patxi López el viernes, tal y como hizo Sánchez la víspera.
El exdirigente catalán, acusado también de malversación, reaccionó con desconfianza al anuncio de Sánchez.
«El delito no se deroga: se le cambia el nombre y se anuncia una rebaja de penas. Alerta», escribió el jueves en Twitter.
