El debate sobre el derecho al aborto en Marruecos vuelve a emerger tras la muerte de una adolescente en una intervención clandestina. Sin embargo, el tabú sobre esta cuestión sigue bloqueando cualquier reforma en el conservador reino.
«Si me atrevo a defender delante de mis hermanos el derecho al aborto, pongo en peligro mi vida», dice Leila, cuya familia se considera «moderna».
Amal, de 22 años, otra estudiante, insiste: «Si pronuncio la palabra ‘aborto’ en mi familia, quedaré señalada y rechazada, incluso por mis padres».
La cuestión del aborto ha ganado de nuevo protagonismo en Marruecos desde la muerte, a principios de septiembre, de Meriem. Se trató de una adolescente de 14 años a quien se le practicó una interrupción voluntaria del embarazo clandestina en presencia de su propia madre.
«El aborto se produjo en el domicilio de un joven que abusaba sexualmente de la víctima». La información la brindó Primavera de la dignidad, una coalición de 25 asociaciones feministas.
En Marruecos, una mujer que aborta puede ser condenada a entre seis meses y dos años de cárcel. Las personas que han efectuado la operación a entre uno a cinco años de encarcelamiento. Sólo hay una excepción: en caso de que esté en peligro la salud de la madre.
Pese a estas duras penas, se realizan entre 600 y 800 abortos clandestinos cada día en el país, a menudo en condiciones muy precarias, según las oenegés locales.
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Falta de voluntad política
Une comisión, puesta en marcha por el rey Mohammed VI, aconsejó en 2015 que el aborto fuera autorizado «en ciertos casos de fuerza mayor». Por ejemplo violación, incesto, malformación fetal o discapacidad mental, serían fuerza mayor.
Pero «han pasado siete años y ¡no se ha hecho nada!», lamenta el doctor Chafik Chraïbi, ginecólogo comprometido con la legalización del aborto.
«Sólo hay silencio, este tema no es prioritario», insiste a la AFP.
Fundador de la Asociación Marroquí de Lucha contra el Aborto Clandestino (AMLAC), critica que haya una ausencia de voluntad política para modificar una «ley arcaica» de 1963.
En una sesión plenaria, en octubre, la ministra de la Familia, Aawatif Hayar, aseguró que la revisión del código penal era objeto de «interés serio por parte del gobierno».
Pero advirtió que las propuestas de las oenegés y de los partidos tienen que «respetar la sharía (ley islámica) y ser aceptadas en la sociedad marroquí».
Para el doctor Chraïbi, son «el poder religioso y el conservadurismo de los marroquíes» los que «bloquean la despenalización del aborto» ya que «nada lo prohíbe en la religión».
«Reforma radical»
La penalización del aborto es, según Faouzia Yassine, de «Printemps de la dignité», «una violencia jurídica y social contra la mujer».
Esta oenegé defiende la inclusión en el código de salud pública de una interrupción voluntaria del embarazo medicalizada, aprobada por la Organización Mundial de la Salud.
Es necesaria una «reforma radical del código penal (…) para armonizarlo con la Constitución y las convenciones internacionales ratificadas por Marruecos», señala Yassine.
En el Magreb, la interrupción voluntaria del embarazo sólo es legal en Túnez, desde 1973.
Por ejemplo. en Argelia, el aborto está castigado con dos años de cárcel para la madre y cinco para los médicos o las personas que lo practicaron.
En Libia, está totalmente prohibido, salvo en caso de peligro de muerte para la madre, y acarrea una pena de entre seis meses y varios años de cárcel.
