El Congreso de los diputados español adoptó este jueves el proyecto de presupuestos para 2023 del gobierno de Pedro Sánchez, unas cuentas que ponen el acento en el gasto social para contrarrestar los efectos del encarecimiento de la vida.
Estos últimos presupuestos antes de las elecciones generales de fines de 2023 fueron aprobados por una mayoría de 187 de los 349 diputados del Congreso, al término de largas semanas de negociaciones con partidos regionales, puesto que la coalición de izquierdas no dispone de mayoría absoluta.
La coalición gobernante consiguió el apoyo de los independentistas catalanes de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán), y los vascos de Bildu, a cambio de aumentar la inversión en estas regiones.
Se trata de «las terceras cuentas públicas consecutivas que aprobamos con una amplia mayoría», se congratuló en Twitter el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó que son «unos presupuestos con un gasto social histórico para avanzar hacia un país más igualitario y sostenible.
Para ser adoptado definitivamente, este presupuesto necesita el aval del Senado en el plazo de un mes, algo que se da por descontado.
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Esta ley presupuestaria prevé un techo de gasto récord de 198.000 millones de euros ($us 206.000), con una serie de medidas para ayudar a los hogares debilitados por el aumento de la inflación, mientras la economía española sufre una fuerte desaceleración.
Entre ellas, la subida de las pensiones y los salarios del sector público, la ampliación de la gratuidad de los trenes de cercanías introducida en septiembre y el aumento del gasto en sanidad y educación.
En total, «seis euros de cada diez» de este presupuesto están dedicados a gasto social, con el fin de «ayudar a la sociedad española a transitar un momento de dificultad provocado por la guerra» en Ucrania, «especialmente, por la elevada inflación», destacó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Este gasto se financiará en parte con fondos del gran plan de recuperación europeo, del que España es uno de los principales beneficiarios con 140.000 millones de euros en seis años, y con un impuesto temporal a los contribuyentes más ricos, que se aplicará en 2023 y 2024.
El presupuesto también incluye un impuesto excepcional a los grandes grupos bancarios, que debería aportar 3.000 millones de euros en dos años, y otro a las empresas energéticas, también temporal, que debería permitir ingresar 1.000 millones de euros al año en 2023 y 2024.
