La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha criticado que se achaque al Gobierno «toda la responsabilidad» de la treintena de muertes que ha dejado la represión de las protestas a favor del expresidente Pedro Castillo y ha reprochado a la prensa que no cuestione «el otro lado de la violencia».
«Hemos tomado las decisiones necesarias para salvaguardar la paz, la tranquilidad y la vida de 33 millones de personas (…). Acá no podemos estar poniéndole toda la responsabilidad al Ejecutivo porque nosotros no hemos dicho ‘oigan, salgan a la calle y tomen aeropuertos; oigan, salgan a la calle e incendien acá o incendien allá’. Tenemos que mirar en la amplitud», ha justificado.
«La prensa no puede venir a decir ‘usted, usted, usted’. ¿Y qué hay del otro lado de la violencia? ¿Qué hay de quienes han generado la violencia? Ellos son los responsables», ha dicho en una entrevista para el diario ‘La República’.
En ese sentido, Boluarte ha acusado a otros líderes políticos de «azuzar» a la población para que se manifieste y «distorsionando la historia deliberadamente», por lo que deberá asumir responsabilidades, ha dicho.
«Dina Boluarte no provocó la violencia», se ha defendido la presidenta, quien ha asegurado que ni ella ni «nadie» se podría imaginar la «violencia» que provocaría su toma de posesión tras el arresto de Castillo. «Para el Ejecutivo no ha sido fácil tomar las medidas de declarar el estado de emergencia nacional», ha dicho.
Cuestionada sobre su responsabilidad como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, Boluarte ha dicho que su Gobierno está dando todas «las facilidades» a los fiscales para que investiguen estas muertes, alegando que algunos agentes están graves por heridas de bala. «Nos hemos enfrentado a organizaciones como el narcotráfico y la minería ilegal. No son personas que caminan con bandera blanca», ha disculpado.
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Boluarte ha insistido en que sus indicaciones fueron las de contener la violencia que pudiera surgir en las protestas «de manera disuasiva» y con gases lacrimógenos, enfatizando que ni siquiera dio orden de usar «lo que está permitido por ley», como balas de goma «que no son letales, pero sí pueden causar impacto».
De esta forma, preguntada por la posibilidad de ser investigada por las muertes de los manifestantes, la presidenta peruana ha dejado claro que no es algo que le preocupe, ya que el Ejecutivo actuó «dentro del marco constitucional y legal».
La presidente peruana también ha recalcado que desde su Gobierno «no están ajenos» al dolor de las familias de las víctimas y ha pedido dejar trabajar tanto a la Fiscalía, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de emitir juicios precipitados sobre el origen de estas muertes.
«No podemos estar estigmatizando tampoco el trabajo de las Fuerzas Armadas», ha reclamado la presidenta peruana en una tensa entrevista en la que ha recriminado que las protestas no estén relacionadas con «reclamos no atendidos de programas sociales», sino con «adelanto de elecciones, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, renuncia de Dina Boluarte y liberación de Pedro Castillo».
En esas, ha señalado que no tiene intención alguna de seguir como presidenta de Perú más allá de su mandato constitucional y que la posibilidad de adelantar elecciones para 2023 «para que la población se tranquilice» depende del Congreso. «Ellos tienen los votos, no nosotros», ha dicho.
Con respecto al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo O’Connor, quien calificó las protestas de «insurgencia terrorista», Boluarte ha subrayado que se harán cambios en la agencia de Inteligencia y ha afirmado que están planteándose destituirlo.
