El presidente Joe Biden llega este domingo a México con una propuesta para paliar la crisis migratoria y con la urgencia de reducir los estragos del narcotráfico en Estados Unidos, especialmente del letal fentanilo procedente del país vecino.
Biden arribará procedente de El Paso, estado de Texas (sur), un gesto para acallar las críticas por no haber visitado la convulsa frontera común de 3.100 km en dos años de gobierno.
Haciendo referencia a su viaje en Twitter, el presidente mencionó el sábado la «necesidad de expandir las vías legales para una inmigración ordenada». Y agregó: «Podemos hacer todo esto mientras limitamos la inmigración ilegal».
Unas 2,3 millones de detenciones y expulsiones de migrantes indocumentados en el año fiscal 2022; 108.000 muertes por sobredosis de drogas en 2021: migración y narcotráfico estarán en el centro de la reunión de Biden y su homólogo mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, este lunes en Ciudad de México.
El martes se les unirá el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para celebrar una Cumbre de América del Norte.
«México es particularmente relevante a la hora de tratar ambos problemas agudos», declaró a la AFP Michael Shifter, presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano.
«Se han convertido en vulnerabilidades políticas para Biden», agregó.
En un país donde la migración suele ser un botín electoral, la cuestión puede convertirse en una piedra en el zapato para Biden.
Eso, si decide buscar la reelección en 2024.
Antes de viajar a El Paso, el presidente anunció un programa de migración limitada a cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Dichos países están sumidos en profundas crisis, aunque el flujo incesante abarca varias otras naciones.
Se permitirá el ingreso mensual de hasta 30.000 personas durante dos años, apenas un paliativo, reconoce Biden.
Culpa a los republicanos de bloquear un plan más ambicioso.
Concertado con México, el programa refuerza por otra parte las expulsiones de quienes ingresen ilegalmente.
Pero sin un plan de refugio robusto, «estas nuevas medidas solo empujarán a quienes busquen asilo a situaciones peligrosas», advirtió la oenegé Comité Internacional de Rescate.
«Desafío regional»
El secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas enfatizó que el problema migratorio va mucho más allá de Estados Unidos y México.
«Esto es algo que no es exclusivo de Estados Unidos», dijo a «This Week», de ABC. «Se está apoderando del hemisferio, y un desafío regional requiere una solución regional».
Los flujos de migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en sus países son un desafío particular para México.
Esa frontera se ha convertido en una puerta giratoria para las personas que intentan cruzar a Estados Unidos.
Miles permanecen en su territorio a causa del denominado «Título 42», una restrictiva norma implementada por el COVID-19 que autoriza las expulsiones exprés.
Fue adoptada por el gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), pero la justicia ha impedido eliminarla ante temores de una avalancha aún mayor.
Droga mortal en México
El encuentro bilateral Biden-AMLO también estará marcado por la tragedia del fentanilo, droga sintética 50 veces más potente que la heroína.
Los cárteles mexicanos controlan su venta y producción con precursores químicos provenientes de China, según la DEA, la agencia antidrogas estadounidense.
Casi dos tercios de las 108.000 muertes por sobredosis registradas en Estados Unidos en 2021 involucraron opioides sintéticos.
Solo en 2022 se incautó más fentanilo del que se necesitaría para matar a toda la población de Estados Unidos, asegura el organismo.
Por ello, Biden busca «ampliar el intercambio de información» con México sobre precursores y «fortalecer la prevención», señaló el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
En 2021, ambos países anunciaron un giro a su política antidrogas para enfocarse en las causas del narcotráfico, tras 15 años de estrategia con énfasis de participación activa de fuerzas militares.
Desde su lanzamiento en 2006, México acumula unos 340.000 asesinatos y miles de desaparecidos, sin que los cárteles se hayan debilitado.
En medio de ese baño de sangre, el gobierno mexicano ha presentado dos demandas contra fabricantes de armas estadounidenses.
Expertos en seguridad como Ricardo Márquez ven un enfriamiento de la cooperación en el marco de la política de «abrazos, no balazos» de López Obrador.
Contrasta con operaciones como la captura, el pasado jueves en Culiacán, de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «Chapo» Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
En la mesa también estará el cambio climático, luego del anuncio en la COP27 de un proyecto de energías renovables conjunto de 48.000 millones de dólares de inversiones y en el cual México se comprometió a ampliar sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.
