La Fiscalía General de Colombia ha desestimado la petición realizada por el Gobierno de Gustavo Petro para suspender las órdenes de detención que pesan sobre varios exjefes paramilitares del Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
«Desde el punto de vista jurídico-penal, que es el que vincula a la Fiscalía General de la nación, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN, también conocidos como Los Pachenca) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) no tienen un estatus político», reza el escrito, firmado por la vicefiscal general Martha Mancera, según RCN Radio.
En este sentido, alega que el Gobierno no puede dialogar con estas agrupaciones, ya que no tienen «carácter político» ni son estructuras armadas «de alto impacto». «En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia», ha indicado.
Después de que Petro propusiese al Ejército de Liberación Nacional (ELN) un cese de las hostilidades para comenzar a negociar la paz, distintos grupos armados expresaron su intención de sumarse a la iniciativa, entre ellos los citados anteriormente.
En el marco de la nueva ronda de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otras cuatro organizaciones armadas mostraron su interés por iniciar algún tipo de negociación con el Estado colombiano, que puso como condición inicial y gesto de buena voluntad el cese de las hostilidades.
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Así, además del ELN, dos disidencias de las desaparecidas FARC –Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central– y los grupos narcoparamilitares del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, o Los Pachenca, anunciaron a finales de diciembre un alto el fuego unilateral, al que se sumó en Año Nuevo el Gobierno.
Así, a partir del 1 de enero de 2023 y hasta al menos el 30 de junio ha comenzado en Colombia un alto el fuego bilateral para las partes en el marco de las aspiraciones del presidente Petro para alcanzar la «paz total», una iniciativa que contrasta con el estancamiento de los acuerdos de paz de 2016 y la parálisis de cualquier tipo de diálogo durante el mandato de Iván Duque.
La paz total de Petro quedó sancionada en la llamada Ley 418, que establece su marco jurídico y con el que queda como política de estado un proyecto que, por un lado, busca negociar con aquellas organizaciones de carácter político, como el ELN y en su día las FARC, pero a su vez someter a otras, es el caso de los paramilitares y grupos narcotraficantes, a la Justicia colombiana.
