Las autoridades brasileñas detuvieron a un exministro del expresidente Jair Bolsonaro. Con ello, aumentaron la presión en el entorno del expresidente. Ahora es investigado por si instigó el violento asalto de las sedes de los poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero.
Anderson Torres, exministro de Justicia del ultraderechista, fue detenido por la Policía Federal este sábado en Brasilia. Se tiene la sospecha de una «connivencia dolosa» con los asaltantes al corazón de la democracia en la capital.
Torres fungía como secretario de Seguridad de la capital el domingo. Ese día, miles de personas arrasaron las sedes del palacio presidencial, el Congreso y la corte suprema. Esto ocurrió una semana después de la llegada al poder del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
«Fue preso al desembarcar en el aeropuerto de Brasilia y encaminado para custodia, donde permanecerá a disposición de la justicia», informó la Policía Federal.
«Las investigaciones siguen en secreto», agregó la institución.
Cuando se desataron los disturbios, Torres estaba en Estados Unidos, al igual que su exjefe.
El colaborador próximo de Bolsonaro, que comparece este sábado a su primera audiencia ante la justicia, niega las acusaciones. Fue destituido de la Secretaría de Seguridad de la capital por los desmanes y objeto de investigación y posterior orden de prisión.
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Bolsonaro y exministro se defienden
El exministro Torres deberá responder cuestionamientos adicionales ante las autoridades.
Esta semana la policía encontró en su casa un borrador de decreto presidencial fechado en 2022. Y es que esta norma tenía un objetivo claro. Se pretendía crear una comisión que asumiera las responsabilidades del tribunal electoral. de la misma manera, que revisara el resultado de las presidenciales en las cuales venció Lula.
El cerco se achica luego de que un juez determinara la inclusión de Bolsonaro en la investigación. Ésta busca a los instigadores y autores intelectuales del ataque a Brasilia.
Publicado el 10 de enero, y borrado el 11 de enero, el video es una pieza que, a pesar de haberse grabado días después de los ataques, prueba una conexión con los hechos.
La defensa de Bolsonaro, en una nota enviada a la AFP, negó cualquier participación en los hechos vandálicos en Brasilia.
«Él (Bolsonaro) jamás tuvo relación o participación en estos movimientos», dijeron los abogados del exmandatario, quienes responsabilizan de la asonada a «infiltrados».
Pedido
El pedido de interrogatorio de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, será analizado «oportunamente», escribió en su fallo Moraes.
«Tanto el video, como el documento (en casa del exministro Torres) constituyen pruebas para una investigación». «Si la corte suprema entiende que son pruebas necesarias para la extradición, pueden pedir que regrese a Brasil para rendir cuentas». Así lo afirmó la profesora de derecho de la Universidad de Sao Paulo, Carla Junqueira.
«Su conducta pone en riesgo el estado democrático de derecho», agregó.
Por ahora, las autoridades no han iniciado trámites internacionales, dijo el actual ministro de Justicia, Flavio Dino.
Bolsonaro continúa en Florida. Pero, su presencia comenzó a ser cuestionada por algunos políticos estadounidenses. Y es que, las violentas imágenes del ataque a Brasilia dieron la vuelta al mundo.
«Atentado terrorista»
El 8 de enero miles de seguidores de Bolsonaro inconformes con la victoria de Lula invadieron y asaltaron las sedes de los poderes públicos. En varios asaltos, destruyeron obras de arte y mobiliario. Ocurrió lo mismo con el corazón de la capital. Y es que el casco urbano fue declarado Patrimonio Nacional de la Humanidad por la Unesco en 1987.
«Fue un acto de sabotaje», dijo el viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli.
«Fue una acción orquestada», dijo este sábado el ministro de Lula, Flavio Dino en declaraciones a la televisora GloboNews.
«La prisión a Anderson Torres va en la dirección de identificar esa red que (hizo) posible el atentado terrorista», agregó.
Más de 2.000 personas han sido detenidas, con unas 1.100 aún bajo custodia de las autoridades.
El ministro Dino dijo que continuarán trabajando para determinar quién organizó y ordenó los disturbios, así como quien los financió.
Las autoridades identificaron 52 individuos y siete empresas bajo sospecha de contribuir económicamente con los manifestantes. Mientras tanto, las autoridades del Distrito Federal están bajo la lupa por supuesta omisión de funciones.
Lula, de 77 años, prometió además «una revisión profunda» de su entorno en el palacio para garantizar su seguridad. Y es que está convencido de que hubo complicidad interna en la asonada.
