La Fiscalía de Guatemala anunció este lunes su intención de llevar a la justicia al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales cuando fungió como jefe de una misión antimafias de la ONU en el país centroamericano.
Velásquez es señalado de avalar presuntamente de forma ilegal los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala, dijo en un video difundido en redes sociales el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
El actual ministro de Defensa en Colombia dirigió desde 2013 y hasta su cierre en 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU que junto al Ministerio Público (Fiscalía) revelaron varios escándalos de corrupción.
El de mayor impacto fue el que involucró el expresidente Otto Pérez (2012-2015) al que se acusó de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y fue condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
Según Curruchiche, Velásquez y la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) otorgaron en 2017 el «visto bueno» para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz para la investigación contra Odebrech, «lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando» con la firma brasileña.
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La FECI «emprenderá las acciones legales correspondientes» para que Velásquez y otros involucrados en el caso «respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos», al considerar que la negociación causó «un grave detrimento al Estado de Guatemala», afirmó.
El ministro colombiano en un comunicado rechazó la acusación, tras indicar que no ha «sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala».
«Mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como Ministro de Defensa Nacional», puntualizó.
Además, Curruchiche comentó que un juez a petición de la FECI autorizó las órdenes de captura por este caso contra Aldana, la exsecretaria del Ministerio Público, Mayra Véliz, el exmandatario de la CICIG, David Gaitán, y del exasesor de la firma brasileña Pablo Carrasco.
El anuncio se suma varias detenciones contra exfuncionarios de la CICIG y exfiscales de la FECI, la mayoría acusados de abuso de autoridad por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos que la incluyó en 2021 en su listado de «corruptos y antidemocráticos».
La primera condena contra exfiscales anticorrupción se dio en diciembre pasado en un juicio que duró 18 días al imponer cuatro años de prisión a Virginia Laparra, exjefa de la FECI en la ciudad de Quetzaltenango (oeste), por haber denunciado a un juez por sobrepasar sus funciones.
