El ministro británico para Escocia, Alister Jack, ha emitido este lunes una orden que impide que el proyecto de ley sobre la autodeterminación de género en Escocia, aprobado el pasado mes de diciembre, sea finalmente ratificado.
El ministro británico para Escocia ha lanzado un comunicado en el que ha confirmado haber tomado la decisión «tras una consideración minuciosa y cuidadosa de todos los consejos relevantes y las implicaciones políticas».
«Me preocupa que esta legislación tenga un impacto adverso en la funcionamiento de la legislación sobre igualdad en Reino Unido», ha reconocido Jack, quien ha incidido en que las personas transgenero «merecen el respeto, apoyo y comprensión» de las autoridades.
En este punto, Jack ha incidido en que no ha tomado esta decisión «a la ligera», pero que en vistas de las consecuencias adversas que el proyecto de ley escocés podría tener en el resto de territorios británicos era «necesario y correcto» vetarlo.
Finalmente, Jack ha apuntado que ha dado a conocer la decisión a las autoridades escocesas y ha instado a Edimburgo a presentar un proyecto de ley enmendado y con el que trabajar de forma conjunta y «constructiva» con Londres para que «respete» el funcionamiento del Parlamento británico.
Por su parte, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha denunciado que la decisión de Londres es un «ataque frontal» al Parlamento escocés y a su capacidad para tomar sus propias decisiones.
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«El Gobierno de Escocia defenderá la legislación y defenderá al Parlamento. Si este veto de Westminster tiene éxito, será el primero de muchos», ha alertado Sturgeon en su perfil oficial de la red social Twitter.
Sturgeon ya había advertido este mismo lunes al Gobierno central de Reino Unido del riesgo de utilizar como «arma política» la ley que facilita la autodeterminación de género, avisando de que cualquier posible veto desde Londres sería una «atrocidad».
El Parlamento escocés dio luz verde a la ley en diciembre, por un amplio margen aunque no sin polémica, tanto dentro como fuera del ámbito estrictamente político.
La reforma reduce a 16 años la edad a la que se puede solicitar a la administración un cambio de género, elimina el requisito de presentar un informe médico y reduce a tres meses el tiempo en que la persona solicitante debe haber vivido conforme al género que reclama –seis meses si se trata de menor de edad–.
Londres ha hecho así efectiva su capacidad para vetar el proyecto, en un movimiento inédito y respecto al cual desde Downing Street han señalado por la mañana que no se había tomado «ninguna decisión» hasta el momento, dejando por tanto la pelota en el tejado de un Jack que finalmente ha hecho uso de su capacidad de bloqueo.
