Perú fue escenario de «violencia» en las protestas que piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, dijo este miércoles ante la OEA un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó la «estigmatización» de pueblos indígenas.
Tras la visita de observación realizada del 11 al 13 de enero, la CIDH «condena todo tipo de violencia», afirmó el relator Stuardo Ralón durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, el órgano ejecutivo.
«Ha habido violencia, tanto denuncias de violencia por parte de fuerzas de seguridad que están en procesos de investigación, denuncias que recibimos de testimonios de familiares, y también violencia que ha afectado una serie de bienes públicos y privados», afirmó por videoconferencia.
Perú está sacudido por protestas desde que en diciembre el Congreso destituyó al presidente izquierdista Pedro Castillo por un fallido golpe de Estado con el que intentó disolver el Parlamento, gobernar por decretos y convocar una Asamblea Constituyente.
Las protestas se han saldado con 47 muertos, entre ellos siete adolescentes, y 650 heridos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, detalló el relator.
La CIDH considera fundamental que se lleven a cabo investigaciones balísticas para determinar el tipo de armas utilizadas, dado que las autopsias han revelado disparos a la cabeza o al tórax.
«El Estado debe realizar en este contexto investigaciones serias e imparciales en un tiempo célere», pidió, e insistió en que «los hechos de violencia no deben desnaturalizar las protestas».
– «Terrorista, indio» –
Además, hizo un llamamiento a frenar el «uso generalizado» de la «estigmatización».
Le puede interesar: Mueren dos personas en una nueva jornada de protestas en Perú.
Existe «un deterioro en el debate público que genera una estigmatización de personas de origen aimara o quechua» con términos como «terrorista, senderista o indio» que «generan un clima de mayor violencia», pero «sobre todo ofenden a personas que sí están haciendo una protesta pacífica», denunció.
Como ya ha hecho en el pasado, la CIDH llamó a «reglamentar con parámetros objetivos» los «elementos de debilidad institucional». Se trata -dijo- de figuras constitucionales que debilitan los poderes: la vacancia presidencial, de acusación constitucional y la posibilidad de disolución del Congreso.
«Ante esta gravísima crisis» pide «un diálogo de todas las voces de la sociedad» que incluya a distintos actores políticos, movimientos sociales y gremios empresariales porque es el único medio por el que «se vislumbra una solución».
A la sesión asistió el director general para Asuntos Multilaterales y Globales del ministerio de Relaciones Exteriores peruano, Paul Fernando Duclos, quien afirmó que «el objetivo en el momento actual es permitir una transición democrática, ordenada y libre de corrupción sin violencia y con el necesario diálogo entre todos los peruanos».
Numerosos países han pedido el uso de la palabra para condenar la violencia y pedir diálogo, pero también para criticar la situación de Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
– «Una alternativa» –
«Nos preocupa la situación del expresidente Pedro Castillo y en particular su prisión preventiva», afirmó el embajador brasileño ante la OEA, Otávio Brandelli, en nombre del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Y fue más allá instando a las autoridades peruanas que «consideren alternativas» al encarcelamiento.
En la misma sintonía, el representante argentino Carlos Raimundi afirmó que su país está «preocupado por la situación del debido proceso frente a la detención del expresidente o del presidente Castillo».
No han sido las únicas críticas al gobierno peruano. La embajadora mexicana Luz Elena Baños «rechazó el uso desproporcionado de la fuerza pública para responder a las protestas sociales».
En un tono salomónico el secretario general de la OEA, Luis Almagro, concluyó: «El derecho a la protesta expresado pacíficamente debe respetarse, el derecho a que el Estado proteja el orden también. No se pueden aceptar actos de vandalismo, pero mucho menos el uso desproporcionado de la fuerza».
