Un manifestante que se encontraba gravemente herido por la represión policial en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte en Ilave, región Puno, en el sur de Perú, falleció este sábado informó la Defensoría del Pueblo.
«Tenemos una persona fallecida en Ilave por las protestas del viernes. Es un poblador herido que estaba siendo trasladado al hospital de Puno, pero llegó cadáver», dijo a la AFP Jacinto Ticona, Defensor del Pueblo de Ilave.
«Invocamos a la policía no haga uso desproporcional de la fuerza», agregó.
La represión policial contra las protestas del viernes en Ilave, desató la cólera de la población que incendió la comisaría al amanecer del sábado, según imágenes de televisión.
Los enfrentamientos entre pobladores aymaras y fuerzas de seguridad en esa ciudad dejaron además 10 heridos, según fuentes hospitalarias.
Imágenes viralizadas en las redes sociales muestran a policías que disparan al cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Ilave, una pequeña ciudad a 3.800 ms de altitud cercana al lago Titicaca en la frontera con Bolivia.
Otra comisaría en Puno, en el distrito de Zepita, había sido también quemada el viernes, sin causar víctimas.
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Las protestas en Perú pidiendo la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso se han cobrado 46 vidas -45 civiles y un policía- desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso -controlado por la derecha- que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.
El gobierno peruano amplió el domingo el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas, habilitando a los militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público.
El jueves las regiones Amazonas y La Libertad, ambas en el norte, y Tacna, esta última en la frontera con Chile, fueron incluidas en el estado de emergencia. Con ello casi un tercio del país, que tiene 25 regiones, está afectado por ese régimen hasta mediados de febrero.
La crisis también refleja la inmensa brecha social que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.
