La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se ha presentado este miércoles de manera oficial ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) asegurando que cumplirá con su obligación como presidenta y que se mantendrá en su cargo pese a las protestas.
Durante el encuentro, el primero con la organización desde que Boluarte es la jefa de Estado peruana, la mandataria ha sostenido que no piensa «rendirse» ante «grupos autoritarios» que quieren imponer su salida del poder de manera inconstitucional, según ha recogido ‘Correo’.
«El Perú ve con suma preocupación que en la región se vienen produciendo una serie de sucesos promovidos por movimientos autoritarios de diversa índole que buscan asediar a los procesos políticos, institucionales, democráticos», ha agregado la presidenta de Perú durante su intervención, que ha sido virtual.
En este sentido, ha resaltado la «firmeza» en la respuesta de la democracia, el Congreso y el resto de instituciones nacionales al «fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo».
Si la «intentona golpista de Pedro Castillo» hubiera prosperado, según Boluarte, el país estaría «en una dictadura». Asimismo, ha defendido su decisión de sacar adelante en el Congreso peruano una ley para adelantar las elecciones generales tras el pedido de la población en las protestas, por la cual los comicios se celebrarían en abril de 2024, ha recogido la emisora RPP.
Le puede interesar: Boluarte denuncia que un grupo indígena boliviano afín a Evo Morales ingresa armamento por la frontera.
La intervención de la presidenta de Perú llega pocos días después de que un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmara, tras una visita de observación este mes al país, que Perú fue escenario de «violencia» durante las protestas.
«Ha habido violencia, tanto denuncias de violencia por parte de fuerzas de seguridad que están en procesos de investigación, denuncias que recibimos de testimonios de familiares, y también violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos y privados», afirmó el vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralón, en un comunicado.
Perú se encuentra sumido en una profunda crisis política nacida tras la destitución por parte del Congreso del expresidente Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.
Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente del elecciones presidenciales. Desde entonces, más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
