Los ministerios de Interior y Defensa de Perú han emitido este jueves un comunicado conjunto en el que han informado de que la Policía de Perú, junto al apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentra en estado de emergencia debido a las protestas contra el Gobierno.
«Hacemos un llamamiento a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir de ello, permitir el desbloqueo pacífico de las vías y evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que actuarán en defensa de la legalidad», se lee en la misiva, donde ambos ministerios citan varios artículos de la Carta Magna peruana, según ha recogido la emisora RPP.
Las carteras de Interior y Defensa han recordado que el bloqueo de carreteras es «un acto ilegal contra la libertad de tránsito de las personas» y que, además, el Código Penal del país sanciona como delito de extorsión a quienes «con violencia o amenaza toman locales, obstaculizan vías, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos».
Asimismo, han señalado que hasta la fecha diez peruanos han perdido la vida como consecuencia del bloqueo de carreteras, entre ellos un recién nacido cuya madre no pudo recibir atención médica oportuna en la región de La Libertad, un recién nacido en la región de Puno y un niño de un año en Cuzco.
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«El derecho a la protesta no faculta la obstaculización de vías, ni mucho menos puede superponerse al derecho a la vida de aquellas personas que requieren ser trasladadas para recibir tratamientos delicados como el oncológico o que necesitan que llegue a sus regiones oxígeno y medicinas para seguir viviendo», han remachado en el comunicado.
Perú se encuentra sumido en una profunda crisis política nacida tras la destitución por parte del Congreso del expresidente Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.
Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente del elecciones presidenciales. Desde entonces, más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
