Varios países expresaron su preocupación ayer ante la ONU por la represión de las protestas en Perú, cuyo Ministro de Justicia defendió al Gobierno afirmando que las autoridades respondieron de forma apropiada.
En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, varios países expresaron su profunda preocupación por el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las autoridades peruanas durante las movilizaciones.
El país vive una ola de protestas desde la destitución a principios de diciembre del presidente Pedro Castillo, que ha dejado 46 muertos y que obligó al Gobierno a imponer el estado de emergencia en algunas zonas.
La actual mandataria, Dina Boluarte, que fue vicepresidenta durante el gobierno de Castillo, pidió el martes una “tregua” para terminar las movilizaciones, coincidiendo con una gran protesta en Lima en la que hubo enfrentamientos que dejaron varios heridos.
La situación de Perú fue abordada durante la Revisión Periódica Universal, un proceso al cual los 193 países miembros deben someterse cada cuatro años.
“Estamos convencidos de que estamos actuando de una forma apropiada para defender la democracia y los derechos humanos”, dijo ante el consejo en una alocución por video el ministro de Justicia, José Andrés Tello.
El ministro condenó la violencia de los manifestantes e insistió en que las acciones tomadas para restaurar el orden público fueron emprendidas en pleno cumplimiento con las obligaciones constitucionales e internacionales.
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El embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara Chil, dijo que el Gobierno está comprometido en investigar cualquier abuso.
Varios diplomáticos celebraron que el Gobierno anunciara una investigación, pero señalaron su preocupación por la persistente violencia.
La representante de Dinamarca, Astrid Ruge, expresó su preocupación “por el número de personas muertas y heridas como resultado de la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas” e instó a Perú a “limitar el uso excesivo de la fuerza”.
El embajador británico, Simon Manley, llamó a que haya una “respuesta proporcionada y legal a las protestas”.
El representante argentino, Federico Villegas, urgió a Perú a que garantice el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente el derecho a reunirse pacíficamente. Las autoridades “tienen que evitar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y fuerzas militares durante manifestaciones pacíficas”.
