El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días a siete regiones del país en medio de incesantes protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Las movilizaciones han dejado 48 muertos, informó este domingo el diario oficial.
Los departamentos donde se impone la medida son el amazónico Madre de Dios (este), y de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos en la región sur-sureste del país.
El estado de excepción está vigente hasta mediados de febrero en las regiones de Lima, donde se encuentra la capital; y El Callao, sede de las principales terminales marítima y aérea del país, otorga «el control del orden interno» a la policía y las fuerzas armadas.
La medida restringe «derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales». Así detalla el diario oficial.
El decreto también declara la «inmovilización social obligatoria» de personas desde las 20.00 hasta las 04.00 durante 10 días en el departamento de Puno; con excepción de aquellas que lo hagan para desempeñar actividades productivas o laborales o quienes requieran atención médica urgente.
En dicha región del altiplano, el decreto de emergencia de 60 días dispone que el Comando Conjunto de las fuerzas armadas asuma el mando unificado de soldados y policías.
También puede leer: El Consejo de Ministros de Perú desmiente que ordenara el operativo contra la Universidad San Marcos de Lima
Enfrentamientos
Cruentos enfrentamientos el pasado 9 de enero en Juliaca, una de las principales ciudades puneñas, dejaron un saldo de 19 personas muertas, incluido un policía. Mientras que los bloqueos de vías en la frontera con Bolivia mantienen en parálisis y tensión la vida de esa región.
En Lima, una multitudinaria marcha de campesinos, civiles y estudiantes en contra del gobierno de Boluarte pidiendo el cierre del Congreso; culminó el sábado con enfrentamientos.
La protesta se realizó un día después de que el Parlamento bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales.
Con esta decisión, basada en tecnicismos procedimentales, el Congreso dio un portazo a la posibilidad de renovar la Presidencia y el Congreso en 2023; así como claman los manifestantes desde diciembre.
Boluarte reemplazó al expresidente izquierdista Pedro Castillo, que fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
