El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha asegurado que la deportación de las 222 presos a Estados Unidos de este jueves no ha sido fruto de una «negociación o trueque» con Washington, sino que se debe a una cuestión de principios.
La decisión se enmarca en un esfuerzo por asegurar la paz en el país, según Ortega, que ha sostenido que a cambio de la deportación de las más de 200 personas encarceladas no ha pedido que se levanten las sanciones impuestas por Estados Unidos, según ha relatado en un discurso recogido por Telesur.
«Qué se habrán imaginado ellos que nos irán a pedir. No, no estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo y de que se lleven a sus mercenarios», ha remachado el presidente de Nicaragua.
En anteriores ocasiones Ortega había planteado la posibilidad de que los presos fueran llevados a otro país, alegando que eran «agentes de potencias extranjeras».
«Ustedes tienen que recordar, que yo en varias ocasiones (…) venía planteando que toda esta gente que estaba en prisión, que estaba detenida por atentar contra la soberanía, contra la paz, contra el pueblo nicaragüense, como todos ellos eran agentes de potencias extranjeras», ha indicado Ortega en su intervención.
El Gobierno de Nicaragua ha autorizado este jueves la liberación de más de 220 presos políticos, todos ellos considerados «traidores a la patria» por el régimen de Daniel Ortega, y su inmediata salida a primera hora en un avión rumbo a Estados Unidos, dentro de una medida inédita que implica dejar a todas estas personas sin nacionalidad nicaragüense.
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Se les acusa de cometer actos contra la independencia y la soberanía de Nicaragua, de «incitar» a la violencia y el terrorismo, de perpetrar acciones de «desestabilización económica» o de perjudicar «los intereses supremos de la nación», ha explicado el juez Octavio Rothschuh del Tribunal de Apelaciones de Managua en una breve comparecencia transmitida por televisiones oficiales.
La situación de los presos ha sido motivo recurrente de quejas de la comunidad internacional y de organismos como Naciones Unidas. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas cifró en enero en al menos 245 la cifra de reclusos, entre ellos diez encarcelados antes de las protestas de 2018, consideradas un punto de inflexión.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, reclamó también en diciembre la liberación «inmediata» de 225 personas que permanecían detenidas «arbitrariamente» por su disidencia frente al Gobierno de Daniel Ortega. En su informe periódico de la situación, denunció las condiciones «precarias» en que estaban detenidos esos presos, así como el trato «humillante y degradante» al que se somete a sus familias.
