El jurado que determinará la suerte del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de proteger al cartel de Sinaloa de Joaquín «Chapo» Guzmán a cambio de millonarios sobornos, empezó las deliberaciones este jueves, aunque no hay plazo para que concluyan.
«Ustedes son los únicos jueces» y deben «guiarse solo por la evidencia y lo que el gobierno ha probado más allá de la duda razonable», les instruyó el juez Brian Cogan, que al final de la tarde informó que las deliberaciones prosiguen este viernes.
No hay plazo para que los doce miembros emitan un veredicto, que debe ser unánime, advirtió.
García Luna, arquitecto de la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y antes director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de 2000 a 2006, está acusado de cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con tráfico de drogas y un quinto de ofrecer falsa a las autoridades migratorias estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad en 2018.
El primero, «conspiración para distribución internacional de cocaína», es el más complicado, advirtió el juez, y el que de alguna manera engloba a los tres siguientes, aunque cada uno de los cargos se juzga por separado.
– 53 toneladas de cocaína –
La justicia acusa a García Luna de que desde de 2001 supervisó y/o dirigió al menos a un grupo de 5 personas de conspirar para enviar cerca de 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2002 y 2008.
La defensa ha pedido retirar este cargo ya que alega que habría prescrito porque el acusado dejó el gobierno mexicano en diciembre de 2012, cuando concluyó el mandato de Calderón, a lo que se opone la fiscalía, ya que sostiene que pese a salir del gobierno no cesó su actividad delictiva.
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La fiscalía asegura que hubiera debido haber una «acción afirmativa» del acusado «en la que hiciera saber su deseo de retirarse o una comunicación a sus socios conspiradores de su «intención de retirarse o haberlo hecho».
El acusado se trasladó a vivir a Florida el mismo mes que dejó el cargo, pero la fiscalía asegura que muchos de sus hombres siguen en sus puestos y él ha regresado frecuentemente a México.
El jurado tendrá también que dirimir sobre este punto, instruyó el juez que declinó tomar una decisión.
Los otros cargos son los de conspirar para distribuir cocaína; conspirar para distribuir y poseer cocaína, conspirar para importar cocaína.
Por último, está acusado de mentir a las autoridades migratorias cuando solicitó la nacionalidad porque habría ocultado que había cometido los delitos anteriores.
En el cuestionario entregado por el juez, el jurado tiene que definir en cada uno de los cargos, si es culpable o no culpable y en el caso de la primera opción, responder a la pregunta: «¿Ha probado el gobierno más allá de la duda razonable que el delito implicó cinco kilos o más de cocaína?».
«Una prueba más allá de una duda razonable es suficiente» para declarar culpable al acusado, recordó el juez que dijo que en este caso el testimonio de los testigos -26 en total- bajo juramento, así como fotos, y exposiciones admitidas a trámite, pueden considerarse pruebas.
«Solo lo que ocurrió aquí puede ser tenido en cuenta», advirtió.
La víspera, en los alegatos finales, la fiscal Saritha Komatireddy, aseguró que García Luna «fue el socio criminal» del cartel de Sinaloa del que que recibió «millones de dólares».
Varios de los testigos, antiguos miembros prominentes del cartel de Sinaloa, como Jesús «Rey» Zambada, Sergio Villarreal «El Grande» u Óscar «Lobo» Valencia, aseguraron durante el juicio que habían pagado millones de dólares al acusado, como también lo habría hecho Arturo Beltrán Leyva, que hacía una colecta para recaudar dinero de las diferentes facciones para pagar mensualmente al poderoso «superpolicía» a cambio de protección.
«No hay pruebas de que recibió dinero y no hay pruebas de que en el caso de que lo recibiera lo compartiera» con los subordinados que participaron en el esquema corrupto, aseguró por su parte el abogado defensor César de Castro, quien advirtió al jurado que la «falta de pruebas no es una evidencia».
