El Congreso peruano aprobó ayer acusar al expresidente Pedro Castillo y dos de sus ministros por presunta corrupción y lavado de activos, lo que habilita a la Fiscalía a actuar penalmente contra el exmandatario.
“Ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso por la que se acusa al señor Pedro Castillo, en su condición de expresidente de la República”, afirmó el jefe del Legislativo, José Williams, luego de la votación que aprobó la propuesta con 59 congresistas a favor, 23 en contra y tres abstenciones.
El documento “declara a lugar la formación de causa penal” contra Castillo por ser “el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión”.
La tesis de la Fiscalía es que el exmandatario dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Los exministros de Transporte, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, también fueron señalados por la votación del Congreso.
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Durante el debate las bancadas de izquierda defendieron el papel de Castillo, alegando que se le acusaba en un proceso sin evidencias.
El propio Castillo, invitado a comparecer por videoconferencia ante el pleno del Congreso para ejercer su derecho a la defensa, solicitó que su presentación fuese en persona, lo que fue desestimado por el Parlamento.
El exmandatario se encuentra detenido en una cárcel de Lima desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ello, el Legislativo lo destituyó y designó a Dina Boluarte, vicepresidenta, como mandataria. La salida del poder de Castillo desató una ola de protestas que han dejado al menos 48 muertos.
