Las autoridades brasileñas intensificaron esta semana el combate a la minería ilegal en tierra indígena yanomami; donde numerosos buscadores clandestinos de oro, acusados de desatar una crisis humanitaria, se resisten a abandonar la región.
Equipados con uniformes de camuflaje y armas pesadas, miembros de la agencia ambiental gubernamental Ibama; y de la Policía Federal de Carreteras (PRF), sobrevolaban el viernes la selva amazónica en busca de bases de minería ilegal todavía en actividad.
Desde lo alto, divisan uno de estos campamentos: una mancha marrón de superficie deforestada en medio del tapete verde que es la Amazonía; con dormitorios, cocina y baños improvisados, y los motores de algunas máquinas aún en marcha.
«Primero establecimos bases de control para detener la logística de las actividades ilegales en los dos principales ríos. Ahora estamos empezando otra fase, que es atacar estos frentes de minería, desestructurando y neutralizando» estos campamentos; explica a la AFP Felipe Finger, coordinador del Grupo Especializado de Fiscalización (GEF) del Ibama.
Al avistar los helicópteros del gobierno, los «garimpeiros», como se conoce a los mineros ilegales, huyeron selva adentro; dejando atrás sacos llenos de casiterita, dióxido de estaño apodado «oro negro», que también es extraído ilegalmente de yanomami con fines comerciales.
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«No va a acabar»
Mientras incineran las máquinas del campamento, los agentes interrogan a un minero de 36 años que no logró escapar.
«La minería ilegal no va a acabar, no tiene que ver con (el presidente) Lula o con (el expresidente Jair) Bolsonaro. No hay quien acabe con esta actividad en el mundo», afirmó el detenido, de nombre ficticio Eduardo dos Santos.
«Es como un vicio; vienes una vez y no quieres salir nunca más. Aquí gano 5.000 reales (USD 1.000) por semana, ¿en qué trabajo puedes ganar eso en la ciudad?», cuestiona Dos Santos.
Según líderes yanomami, unos 20.000 mineros clandestinos han invadido su territorio, matando indígenas, abusando sexualmente de mujeres y adolescentes; y contaminando sus ríos con el mercurio que usan para separar el oro de los sedimentos.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decretó a fines de enero la situación de emergencia sanitaria; y autorizó una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y otras instituciones para expulsar a los invasores de la mayor tierra indígena del país, en la frontera con Venezuela.
Según dijo esta semana a la prensa local el ministro de Justicia y Seguridad, Flávio Dino, alrededor de 1.000 mineros se resisten a salir.
