El expresidente peruano Pedro Castillo, preso por rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre, dijo sentirse «secuestrado» al negar este martes ante un juez los cargos de corrupción por los que podría seguir recluido.
«Niego rotunda y categóricamente ser autor y ser parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mí país como presidente de la república», afirmó Castillo en una audiencia virtual transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial.
El exmandatario de 53 años apareció antes las cámaras en camisa blanca y rasurado, y con tono vehemente se defendió de los señalamientos en contra.
«Hoy se han armado un castillo de delitos con supuestos (…) con colaboradores (judiciales) comprados», lanzó Castillo desde su sitio de reclusión, el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios habilitado de cuartel policial al este de Lima.
El exgobernante, que fue destituido por una mayoría parlamentaria tras su fracasado intento de disolver el Congreso, rechazo el pedido de la fiscalía para ampliar su prisión preventiva bajo cargos de corrupción.
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«Van a pedir 36 meses de prisión cuando tengo la prisión preventiva. ¡Voy a llegar a cien días de estar secuestrado injustamente!», agregó.
Tras su intervención, el juez Juan Carlos Checkley suspendió la audiencia que se extendió por más de cuatro horas. Para el jueves está previsto se pronuncie sobre la solicitud de la fiscalía contra Castillo, quien está siendo procesado junto con dos de sus exministros.
El líder de izquierda enfrenta cargos por «organización criminal, colusión y tráfico de influencias», que le podrían valer una prisión preventiva adicional de la que cumple por rebelión.
La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
El exgobernante peruano, quien había sido elegido hasta 2026, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre cuando llevaba 17 meses en el poder. Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.
