Pese a la vasta operación ordenada por el presidente Lula para expulsar a mineros ilegales de tierras indígenas, Brasil es «frágil» para frenar minería ilegal, dice alta funcionaria.
Joenia Wapichana se convirtió en febrero en la primera representante aborigen al frente de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).
Ente clave del gobierno encargado de demarcar, vigilar y promover el desarrollo en las tierras indígenas.
No fue su primer hito: fue también la primera mujer indígena en formarse como abogada en Brasil y la primera en ocupar un escaño en la Cámara de Diputados.
En la Funai, Wapichana asumió el cargo en medio de una crisis humanitaria en territorio de la etnia yanomami.
Allí centenares de niños murieron el año pasado por falta de alimentos o enfermedades atribuidas a las actividades mineras clandestinas.
El gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva ordenó una investigación policial por «genocidio» y una robusta operación armada para expulsar a los «garimpeiros».
«A partir de ahí vamos a mantener una fiscalización más permanente”.
“Fortalecer las bases de la Funai» en ese territorio ubicado en su estado natal de Roraima, dice Wapichana, de 49 años, en su oficina en Brasilia.
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Minería ilegal
En este país de tamaño continental, al menos 30% del oro extraído entre enero de 2021 y junio de 2022 puede ser considerado irregular, según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais.
«Brasil aún no tiene una forma de frenar el comercio de oro ilegal. Es muy frágil», admite.
Y es que para comercializar oro basta con declarar de «buena fe» que el origen es legal, eximiendo a las autoridades de las tareas de verificación.
El sistema «es muy inmaduro aún», dice esta mujer de oscura cabellera que suele adornar con coronas de plumas.
La tarea de Wapichana choca además con un presupuesto limitado.
El Congreso asignó a la Funai unos 120 millones de dólares para 2023, pero la mayoría está destinado a gastos administrativos.
Deja solo una sexta parte para labores clave como demarcación y vigilancia de tierras.
“Debería ser al menos el doble”, señala.
