Human Rights Watch (HRW) alertó este miércoles sobre posibles ejecuciones de manifestantes en Perú por fuerzas oficiales durante la pasada represión de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
«El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias”.
“Así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023″, indicó HRW en un informe.
Las protestas estallaron tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre, tras su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Boluarte, hasta entonces su vicepresidenta, asumió el poder en medio de las marchas que exigían su renuncia y elecciones anticipadas.
Castillo, de 53 años, cumple prisión preventiva, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
Apoyado en las cifras de la Defensoría del Pueblo, HRW señaló que durante las movilizaciones hubo 49 muertes.
Aseveró que 39 de las cuales corresponden a víctimas «por heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos».
«Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado», sostiene César Muñoz.
Múñoz es director asociado de la División de las Américas de HRW, en el informe «Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú».
Lea también: Ser presidente de Perú, un trabajo de alto riesgo
Ejecuciones
La ONG planteó que una «comisión independiente de expertos internacionales» acompañe las «investigaciones penales» que realiza la fiscalía peruana.
«Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno», añade.
En el marco de las protestas también murieron seis soldados ahogados cuando huían de manifestantes y un policía.
Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía.
La fiscalía investiga a la presidenta Boluarte, de 60 años, y otros altos funcionarios por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves».
Sin embargo, ella tiene inmunidad hasta que finalice su mandato en julio de 2026.
(26/04/2023)
