¿En qué consiste el proyecto para regular redes sociales que causa polémica en Brasil? Telegram dice que puede darle al gobierno poder de «censura».
Google afirma que aumentaría «la confusión sobre lo que es verdad o mentira».
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Redes sociales
El proyecto de Ley 2630/2020 fue presentado hace tres años en el Senado. Todo para lidiar con la avalancha de desinformación en línea. Pero se estancó en la Cámara baja.
Volvió a discutirse después de que partidarios del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro invadieran el 8 de enero las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
Supuestamente incitados por desinformación en las redes sociales que afirmaba que el mandatario había perdido la reelección de manera fraudulenta ante el el izquierdista Lula.
Los ataques recientes en escuelas brasileñas, que dejaron varios niños y profesores muertos, también atizaron el debate sobre cómo combatir contenidos extremistas.
El proyecto cuenta con apoyo del gobierno, parte del Poder Judicial y la coalición de organizaciones de la sociedad civil Direitos na Rede.
Pero genera resistencias entre las empresas de tecnología, diputados evangélicos y bolsonaristas.
La Cámara de Diputados aplazó sin fecha su votación prevista a principios de mayo. De ser aprobado, el texto será analizado nuevamente por el Senado.
¿Qué propone el texto?
Actualmente, las empresas moderan el contenido según sus políticas internas (términos de uso), y también actúan cuando existe una orden judicial.
El Marco Civil de Internet, ley brasileña que regula la web desde 2014. Y establece que las empresas no son responsables civilmente por el contenido publicado por terceros.
Salvo cuando incumplan una orden judicial de removerlo o cuando sean imágenes de desnudez divulgadas sin consentimiento de la víctima.
Cambios
El texto obliga a las plataformas a aumentar su transparencia y adoptar mecanismos para combatir los contenidos ilegales sobre siete asuntos.
Estos son ataques contra el Estado de derecho democrático y las elecciones.
Los niños y adolescentes, la salud pública y los que configuren violencia contra la mujer, racismo, terrorismo, e incitación al suicidio y a la automutilación.
(12/05/2023)
