Ecuador no permitirá actos de violencia tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional (Congreso) y llamar a nuevas elecciones, tanto legislativas como presidenciales, afirmó hoy miércoles el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.
«El país no está para medidas de hecho que vayan en la línea de fomentar el caos y la anarquía, es justamente lo que el pueblo ecuatoriano no quiere», dijo el ministro a la televisión local.
Apuntó que «en pro de la paz», las fuerzas del orden serán las encargadas de hacer respetar la decisión adoptada por el gobierno, que está plenamente establecida en el artículo 148 de la Constitución.
Cucalón se pronunció en contra de la violencia, después de que la opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador rechazó el decreto y anunció que tomará decisiones contra el anuncio del presidente.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció este miércoles en un mensaje a la nación que decretó la «muerte cruzada», un mecanismo constitucional que le permite disolver la Asamblea Nacional, llamar a elecciones generales adelantadas y gobernar por decretos durante seis meses.
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Elecciones para evitar la violencia en Ecuador
Según el decreto, el Consejo Nacional Electoral tiene siete días para convocar a elecciones, las cuales deben efectuarse en un plazo de 90 días.
Quienes tentativamente fueran elegidos, deberían terminar los mandatos de Lasso y de los asambleístas destituidos, hasta completar los períodos respectivos, que en ambos casos concluyen en mayo de 2025.
Hasta que se realicen las nuevas elecciones, Lasso, de 67 años, gobernará bajo decretos de ley que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional.
Cucalón expresó en ese sentido que se espera que la Corte Constitucional cumpla con su rol de garante de la Constitución bajo ninguna obstrucción.
Subrayó que lo fundamental es que en las elecciones anticipadas «sea el pueblo el que decida en las urnas quienes van a regir los destinos de la nación».
El mandatario ecuatoriano recibió este miércoles el respaldo de su vicepresidente, Alfredo Borrero, así como del gabinete de ministros, en una reunión llevada a cabo en el Palacio de Gobierno, edificio que permanece vigilado por policías, en la ciudad de Quito.
Es la primera vez en Ecuador que un presidente decreta la llamada «muerte cruzada», mecanismo constitucional que puede ser aplicado una sola vez durante los tres primeros años de mandato.
