La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los países de América Latina a actuar contra «la represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua», días antes de la asamblea general de la OEA, en un comunicado difundido este viernes.
El gobierno del mandatario Daniel Ortega, en el poder en Nicaragua desde 2007 y reelegido en 2021 en unos comicios puestos en entredicho, ha multiplicado las detenciones de opositores desde las protestas antigubernamentales de 2018.
Y en febrero pasado privó de la nacionalidad a 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos.
En el comunicado la CIDH -adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA)- pide al gobierno nicaragüense que ponga fin «a la persecución» y libere a todos los presos detenidos «de manera arbitraria».
La CIDH «rechaza la continua represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua» e insiste en que la confiscación de los bienes de los 222 excarcelados es «una sanción penal arbitraria y desproporcionada», dice el texto.
Asimismo, llama a los países latinoamericanos, a la comunidad internacional y a los órganos políticos de la OEA a «promover el retorno a la democracia» en el país.
También manifiesta su preocupación por «la política arbitraria» de las autoridades para la entrada o salida del país. Dice haber recibido información a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) «sobre el retiro y retención arbitraria de pasaportes o la negativa de expedición» de documentos para impedir que algunos ciudadanos viajen al extranjero.
CIDH denuncia desplazamientos en Nicaragua
La CIDH también denuncia «casos de prohibición de retorno» de nicaragüenses, que acaban en una situación de desplazamiento forzado y que ha provocado «la separación forzada» de muchas familias.
Asimismo, señala «nuevas detenciones arbitrarias» de activistas, periodistas y miembros de la iglesia católica entre abril y mayo.
«Los sectores críticos de la iglesia católica» siguen siendo blanco de las autoridades y una de las personalidades más conocidas, el obispo Rolando Álvarez Lagos, «permanecería incomunicado desde el 25 de marzo» en una celda de castigo, informa.
Los arrestos de más de 140 personas durante la Semana Santa, en la conmemoración de las protestas de 2018 y en operaciones policiales «se caracterizaron por el uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos violentos», denuncia el organismo.
Algunos fueron temporales, afirma, pero «decenas de personas fueron judicializadas en audiencias secretas» o sometidas a la medida de «casa por cárcel» que las mantiene «en una situación de zozobra, asedio y persecución permanente».
La organización condena también la inhabilitación de 26 abogados en mayo para imponer un «ambiente de miedo y autocensura» y «el agravamiento de la represión» contra las comunidades indígenas por parte de colonos armados «que actúan con la tolerancia de las autoridades».
