La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este martes a su fiscal a reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al considerar insuficientes los procedimientos judiciales nacionales.
Venezuela anunció que apelará, pues sostiene que las denuncias de violaciones de derechos humanos registradas desde 2017, cuando manifestaciones antigubernamentales dejaron más de un centenar de muertos, deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial.
La CPI, con sede en La Haya, indicó en un comunicado que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de esa jurisdicción consideraron que aunque «Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía».
Los jueces, por tanto, decidieron autorizar al procurador Karim Khan a «reanudar la investigación» sobre la situación en Venezuela.
«En cuanto a los factores que la Sala consideró determinantes para su conclusión, encontró que Venezuela no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad», señala el comunicado.
«Las investigaciones nacionales en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior», agrega.
El texto también apunta que «Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas» y que en muchos casos «parece haber períodos inexplicables de inactividad investigativa».
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Crímenes de lesa humanidad en Venezuela ‘Fines políticos’
El gobierno de Venezuela, en un comunicado divulgado por la Cancillería, lamentó la decisión de la CPI, al sostener que existe una «intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos», que asegura forma parte de una «estrategia» para intentar sacar del poder a Maduro «impulsada» por autoridades de Estados Unidos.
«Venezuela recurrirá esta decisión ante la Sala de Apelaciones», informó el documento.
Activistas venezolanos, en contraste, celebraron la autorización dada al fiscal Khan para reanudar la investigación.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, la calificó en Twitter como «una victoria para las víctimas».
Según el estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, un Estado miembro puede oficialmente pedir que el procurador de la CPI se ciña a la investigación del Estado en su propio territorio.
La justicia venezolana inculpó y condenó a agentes de las fuerzas del orden por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017 y otras violaciones de derechos humanos, pero los opositores al gobierno consideran que esas medidas fueron tomadas únicamente para evitar un proceso ante la CPI.
En noviembre de 2021, en Caracas, el procurador de la CPI anunció al lado de Maduro que pasaba de una investigación preliminar abierta en 2018 a una investigación formal.
«Esta conclusión no impide que Venezuela proporcione material en el futuro para permitir que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad», puntualiza el comunicado de la CPI.
La Sala estuvo integrada por los jueces Péter Kovács como presidente, además de Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera.
