México rechazó este sábado la entrada en vigor de leyes locales contra la migración irregular en las entidades estadounidenses de Florida y Kansas, pues sostiene que inducen a actos de «discriminación y perfilamiento racial» contra la comunidad mexicana e hispana.
La Cancillería de México expresó su «rechazo y preocupación» ante la implementación desde este sábado de las leyes estatales, mediante dos comunicados difundidos por la Cancillería y replicados por los consulados de Miami y Orlando, en Florida, y de Kansas City, en el estado de Kansas.
Sobre la ley de Florida, impulsada por el gobernador republicano Ron Desantis -quien aspira a contender por la presidencia en 2024-, la Cancillería consideró que «afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanas».
Agregó que dicha normativa exacerba «ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante» y «no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida, y del país».
Entre las medidas incluidas en las leyes está exigir a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
La ley obliga además a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, y convierte en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
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Leyes
«La intensidad de los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida, no pueden ser ignorados por medidas inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco», advirtió la Cancillería mexicana en el comunicado.
Informó además que utilizará todos los recursos a su alcance «para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida».
Unos 660.000 extranjeros residían en Florida en situación irregular en 2018, según la última estimación publicada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos en 2021.
En el caso de la ley antimigrante de Kansas, el gobierno mexicano reconoció el veto que la gobernadora demócrata de dicho estado, Laura Kelly, dio a dicha ley «por sus potenciales implicaciones».
Sostuvo además que «es y seguirá siendo respetuoso» del orden jurídico y las leyes estatales de Estados Unidos, pero al mismo tiempo intensificará sus esfuerzos para proteger a la comunidad mexicana en ese país.
