Una operación militar desplegada por el gobierno de Venezuela busca expulsar a más de 10.000 mineros ilegales de la Amazonía, afirmó este martes el presidente Nicolás Maduro, al reconocer que esta actividad ha venido «destruyendo» ecosistemas vitales del país.
«Estamos desalojando a más de 10.000 mineros ilegales con la presencia física en el territorio de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana» (FANB), indicó Maduro durante un acto de ascenso de oficiales en Caracas.
El avance de la minería ilegal «viene destruyendo la Amazonía de América del Sur (…) y de Venezuela», remarcó Maduro; al referirse a despliegues militares para «liberar» la Amazonía y «los parques nacionales de Venezuela».
Durante el fin de semana fueron desalojadas «1.281 personas» de manera «voluntaria», informó el lunes el general en jefe Domingo Hernández Lárez, al frente de las operaciones.
La FANB ejecuta la «Operación Autana 2023» en Yapacana, el parque nacional más extenso del país con 320.000 hectáreas; donde fue activado un «canal humanitario» para evacuar a mineros y sus familias.
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Maduro lucha contra mineros ilegales presentes en otros países vecinos
En la zona, ubicada en el sur de Venezuela, hay presencia de mineros locales y otros procedentes de Colombia; Brasil y Ecuador, algunos de estos detenidos en diferentes procedimientos.
Imágenes compartidas por autoridades militares muestran los daños, en algunos casos irreversibles, en zonas boscosas y ríos, prácticamente arrasadas por la minería ilegal.
Pobladores de la Amazonía entrevistados semanas atrás por AFP denunciaron el avance de la minería ilegal en sus territorios; así como la presencia cada vez mayor de indígenas en las minas, lo que marca un dramático cambio en sus hábitos ancestrales.
Proliferan, además, enfermedades como el cáncer por la ingesta de peces que crecen en ríos contaminados por el mercurio empleado para extraer el oro, lamentaron.
La ONG SOS Orinoco denunció que 2.227 hectáreas en el Yapacana (unos 3.200 campos de fútbol); habían sido arrasadas por la minería ilegal en 2020, según un informe que acompañó con fotos satelitales.
