El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, tachó este jueves de «incomprensible» que el ELN haya secuestrado a una sargento y sus dos hijos de 6 y 8 años, cuando la guerrilla negocia la paz con el gobierno.
En vísperas de una tregua bilateral que inició este jueves, los rebeldes guevaristas de ELN de Colombia secuestraron a la familia mientras se desplazaba por una zona cercana a la frontera con Venezuela el 3 de julio.
«El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene que dar claras muestras de su voluntad de paz. Es incomprensible que el mismo día que el mando central expide un comunicado saludando y llamando a todos los miembros de esa organización; (…) a la suspensión de las operaciones ofensivas, ese mismo día, esa organización criminal hubiera cometido hechos contra personas que se encontraban indefensas», declaró el jefe de la cartera durante una visita al puerto de Buenaventura, en el Pacífico.
Velásquez clamó «por su muy pronta liberación» y recordó que el cese al fuego no impide a la fuerza pública continuar las operaciones contra las finanzas de la guerrilla, ni las «labores de inteligencia».
Los mandos guerrilleros del ELN y el gobierno de Colombia dialogan desde noviembre con miras a poner fin a seis décadas de conflicto armado. Las partes aspiran a ampliar la actual tregua; y poner también fin a las extorsiones los secuestros y otros crímenes a partir del 3 de agosto. El siguiente ciclo de conversaciones tendrá lugar el 14 de agosto en Venezuela, con el objetivo de desarmar a unos 5.900 combatientes.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó el secuestro de las tres personas, «incluido un niño con discapacidad (autismo)».
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La declaración de Velásquez se dio en medio de una visita al puerto de Buenaventura, golpeado por la violencia entre pandillas y narcos. Decenas de militares y policías custodiaban las barriadas donde días antes una veintena de hombres encapuchados y armados con fusil sembraron terror.
«(Vinimos ante) el riesgo que corre la población en virtud del enfrentamiento de bandas o actores armados que hacen presencia en las comunas (…) que muestra cuál es la situación de dificultad por la que atraviesa la población», declaró Velásquez.
Por la ciudad de unos 320.000 habitantes pasa el 40% del comercio internacional de Colombia y es una codiciada ruta del narcotráfico hacia Centroamérica y México.
En el marco de su política de «paz total», el gobierno izquierdista de Gustavo Petro media entre Shottas y Espartanos, las principales bandas delictivas de la ciudad, para extinguir la violencia en el puerto. En septiembre las bandas firmaron una tregua.
Petro apuesta por una salida negociada al conflicto interno que siguió pese a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.
Guerrilleros, narcos, paramilitares y agentes estatales se enfrentan desde hace medio siglo en una sangrienta guerra que deja más de 9 millones de víctimas, la mayoría desplazados.
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