Defensores y detractores de la actividad minera submarina libraron este miércoles una batalla dialéctica en Jamaica para defender sus posiciones utilizando como argumento, en ambos casos, la necesidad de proteger el planeta.
Muchos países y compañías tienen la vista puesta en los nódulos polimetálicos, pequeñas rocas del tamaño de una papa, alojados en los fondos marinos; en particular frente a las costas de México o Perú, que contienen codiciados minerales utilizados en la transición energética, pese al riesgo de destruir ecosistemas marinos únicos.
«No podemos ni debemos embarcarnos en una nueva actividad industrial cuando no estamos en condiciones de evaluar plenamente sus consecuencias y; por tanto, corremos el riesgo de causar daños irreversibles a nuestros ecosistemas marinos», declaró el Secretario de Estado francés del Mar, Hervé Berville en la reunión anual de los 168 Estados miembros de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), que tiene lugar en Kingston.
Francia, junto con Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá o España, forman parte de una veintena de países que reclaman una «pausa cautelar» antes de que se proceda a la extracción minera submarina de estas rocas ricas en níquel; cobalto o cobre, alojadas en los fondos marinos, ricos en una biodiversidad en muchos casos todavía desconocida.
Aunque los defensores de una moratoria se alegran del actual impulso político, están en minoría.
A favor de la extracción minera submarina
La prueba es la resistencia esta semana de varios países, entre ellos China, que han logrado impedir por el momento la celebración de un debate oficial sobre este asunto en la asamblea de la AIFM que termina el viernes.
No obstante, con países como Brasil o Canadá que se han sumado al campo de la moratoria aparecen «grietas en lo que hasta ahora parecía una fortaleza de los intereses de la industria», dice a la AFP Louisa Casson, de Greenpeace, que predice una «gran batalla».
En virtud de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar, la AIFM es la encargada de proteger el lecho oceánico en aguas internacionales y de organizar la exploración y la eventual explotación de minerales en las mismas.
Su consejo de 36 estados miembros, que por el momento solo atribuye contratos de exploración, negocia desde hace diez años un código minero para definir las reglas de una eventual explotación minera, que algunos estiman esencial para la transición energética, en particular para las baterías de vehículos eléctricos.
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¿Transición verde?
Desde el 9 de julio, cualquier estado puede presentar una solicitud en nombre de una empresa para explotar los recursos mineros submarinos; luego de la expiración de una cláusula activada en 2021 por el gobierno de Nauru, que exigía la adopción del código minero en el plazo de dos años.
En estas condiciones, el pequeño estado insular del Pacífico anunció que «pronto» solicitará un contrato para la empresa Nori (Nauru Ocean Resources), filial de la canadiense Metals Company que quiere colectar los nódulos polimetálicos en la zona de fractura Clarion-Clipperton (CCZ), frente a las costas del Pacífico mexicano.
«Tenemos una oportunidad de apoyar el desarrollo de un sector que para Nauru tiene el potencial de acelerar nuestra transición energética, para luchar contra el cambio climático», dijo este miércoles su presidente Russ Kun.
En la lucha contra el cambio climático, «la comunidad internacional debe utilizar todas las herramientas a su alcance. Los metales esenciales nos pueden ayudar»; dijo por su parte el primer ministro de las islas Cook Mark Brown, partidario de una explotación «responsable».
«No podemos denominar a esto una transición limpia o verde si se hace en detrimento de la biodiversidad y de la naturaleza», respondió el representante de Vanuatu, favorable a la moratoria.
ONG y científicos destacan los riesgos de que se destruyan hábitats y especies; y se altere la capacidad del océano para absorber el carbono que emite la actividad humana.
El consejo de la AIFM, encargado de las negociaciones, fijó 2025 para adoptar un código minero, aunque sin definir cómo se examinará mientras tanto las eventuales solicitudes para la explotación, lo que a juicio de las ONG es un «vacío jurídico».
