Activistas manifestaron este viernes frente a la fiscalía general, en Caracas, para exigir la anulación del proceso penal contra 33 hombres arrestados el pasado fin de semana durante el allanamiento de un local de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela.
«Los 33», como fue bautizado el grupo, fueron excarcelados entre el miércoles y el jueves, después de haber sido detenidos el domingo en la ciudad de Valencia (estado Carabobo, norte). Se les impuso un régimen de presentación periódica ante tribunales mientras responden a cargos por «ultraje al pudor»; delito referido a actos obscenos en público que conlleva penas de 3 a 15 meses de prisión; asociación para delinquir y contaminación sónica.
«íNo es mariconería, yo temo por mi vida!», gritaban los manifestantes, entre pancartas con mensajes como «Nuestra existencia es resistencia» o «No más discriminación».
La prensa local publicó que los arrestos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela ocurrieron en una redada de la policía por una «fiesta sexual» en un sauna privado; lo que condenan activistas, que denuncian una política de «homofobia de Estado». Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el caso.
«Lo que ocurrió este fin de semana en Valencia tiene un impacto social inmenso (…), se le dijo al país y a los ciudadanos que a usted lo pueden meter preso y procesar por ejercer su derecho a la libertad sexual», dijo a la prensa la activista transgénero Richelle Briceño.
«Exigimos el sobreseimiento ya, inmediato, de la causa», agregó Briceño, que pidió a la Fiscalía investigar a los agentes policiales que ejecutaron los arrestos, a los fiscales y a la jueza.
Medios de comunicación atentaron contra miembros de comunidad LGBTIQ+ en Venezuela
Fotos de los detenidos e incluso sus documentos de identidad circularon en redes sociales, por lo que la activista también pidió investigar a periodistas y medios de comunicación que las divulgaron, alegando que con ello sometieron a los 33 hombres a «escarnio público».
Los abogados, además, sostienen que la redada se hizo sin una orden de allanamiento.
«No es un hecho aislado, no es una cosa inocente, no fue un error de los policías, no es un error de la Fiscalía, es una política de discriminación», expresó el activista Yendri Velásquez, quien dice que el de Valencia es el quinto local privado LGBTIQ+ allanado en los últimos tres años en Venezuela.
«Es el escalamiento de un proceso de criminalización y persecución a las personas solo por su orientación sexual», añadió.
La comunidad LGBTIQ+ lleva años luchando contra la discriminación en Venezuela, sin que la ley les otorgue derechos como el matrimonio igualitario o el cambio de la identidad de género.
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