Donald Trump irá el jueves a la cárcel del condado de Fulton, tristemente célebre por la muerte de reclusos y sus condiciones insalubres, para entregarse a las autoridades de Georgia que le acusan de interferencia electoral. Pero no se quedará allí sino que pagará 200.000 dólares de fianza y quedará en libertad.
Al igual que los otros 18 coacusados de haber intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado clave del sureste del país, el expresidente tiene hasta el mediodía del viernes (12.00 hora de Bolivia) para ser fichado.
En cualquier caso se librará de la prisión preventiva gracias a un acuerdo en virtud del cual pagará una fianza de 200.000 dólares. Por el momento se desconoce si tendrá privilegios por su condición de expresidente.
Las normas estadounidenses prevén la toma de huellas dactilares y dos fotografías del acusado, una de frente y otra de perfil.
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Trump
Donald Trump, que ya ha sido acusado tres veces en distintas causas penales, ha logrado evitar hasta ahora el humillante ritual de las fotografías cuando se presentó en Nueva York, Florida y Washington.
Pero el sheriff del condado de Fulton, Patrick Labat, dijo a principios de mes que quería tratar a todos los acusados por igual. «Poco importa su estatus», afirmó.
El procedimiento, al que ya se sometieron este martes dos de los 19 acusados, entre ellos el abogado John Eastman, también implica registrar una serie de datos para los archivos de la administración penitenciaria, como la altura, el peso y el color de la piel y de los ojos.
Insectos y violencia
En un comunicado de su equipo de campaña publicado el martes, Donald Trump, claro favorito en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024, expresó su indignación. Por tener que presentarse el jueves en una «prisión violenta».
En julio, el departamento de Justicia anunció la apertura de una investigación. Sobre las condiciones de detención en la cárcel de Fulton, también conocida como Rice Street.
El secretario de Justicia, Merrick Garland, justificó la decisión alegando «graves acusaciones de condiciones inseguras e insalubres. también el uso excesivo de la fuerza y violencia carcelaria. Así como discriminación contra reclusos con problemas de salud mental y falta de atención médica».
El fiscal federal Ryan Buchanan añadió, citando «recientes testimonios», que las celdas «mugrientas llenas de insectos, la violencia desenfrenada que genera muertos y heridos y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes son motivo de grave preocupación y justifican una investigación exhaustiva».
Según la prensa local, la prisión alberga a más de 2.500 reclusos, es decir más del doble de su capacidad cuando se inauguró en 1989. Quince personas murieron en su interior el año pasado y cuatro desde principios de julio.
(23/08/2023)
