El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el martes la demarcación de dos nuevas tierras indígenas, consideradas grandes barreras contra la deforestación, durante una ceremonia por el día de la Amazonía.
«El pueblo amazónico merece tener sus derechos garantizados para una vida mejor», dijo Lula, luego de la firma de los decretos de homologación en el palacio presidencial del Planalto.
El gobierno demarcó las tierras de Rio Gregório, en la ciudad de Tarauacá, estado de Acre (norte); y Acapuri de Cima, en el municipio de Fonte Boa, Amazonas (norte).
Lula demarcó miles de hectáreas de tierras indígenas.
Se trata de 187.000 y 18.000 hectáreas respectivamente, destinadas a los pueblos Yawanawá y Katukina la primera, y los Kokama, la segunda.
Son las dos primeras tierras de un grupo de ocho que serán homologadas hasta fin de año, según la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara.
«Si no hay futuro para la Amazonía y su pueblo, tampoco habrá para el planeta», aseguró Lula.
El izquierdista ya había demarcado en abril otras seis reservas, las primeras luego de cinco años.
Su predecesor de ultraderecha, Jair Bolsonaro, cumplió su promesa de no ceder «ni un centímetro» a los pueblos originarios.
Lula demarca tierras indígenas para evitar reforestación
Los científicos consideran las reservas indígenas, protegidas por el Estado, como barreras contra la deforestación y claves en la lucha contra el calentamiento global.
La homologación garantiza a los pueblos aborígenes el derecho de ocupar sus tierras ancestrales, así como el uso exclusivo de los recursos naturales.
Según datos de la Funai, ente público de protección de los pueblos indígenas, Brasil tiene casi 800 reservas indígenas; que ocupan 13,75% del territorio del país.
Según el último censo, en Brasil viven cerca de 1,7 millones de indígenas, de los 203 millones de habitantes.
Las homologaciones ocurren mientras el Supremo Tribunal Federal decide sobre el «marco temporal»; una tesis que solo reconoce a los indígenas derechos sobre los territorios que ocupaban cuando se promulgó la Constitución, en 1988.
Esa tesis, defendida por el poderoso agronegocio, es rechazada por los indígenas; que argumentan que fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).
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