Un juzgado de Guatemala condenó este miércoles a ocho años de prisión al expresidente Otto Pérez (2012-2015), ya encarcelado, en otro de los casos de corrupción que lo obligó a renunciar en 2015.
La jueza Eva Recinos dictó la sentencia condenatoria luego de que el exgobernante aceptara la culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo y fraude.
«El acusado Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable» de los tres delitos y se le impuso una condena de 16 años de cárcel, pero como se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos la pena se redujo a la mitad, precisó Recinos.
El exmandatario además deberá pagar una multa de más de tres millones de dólares.
La sentencia por el caso denominado «Cooptación del Estado»; vinculado con el saqueo de fondos públicos, es la segunda impuesta a Pérez en menos de un año.
Otto Pérez, un general retirado, ya fue condenado a 16 años de prisión inconmutables el pasado 8 de diciembre por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas.
La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B de la capital guatemalteca; adonde Pérez se presentó con playera y saco negro. Tras la sentencia el expresidente nuevamente fue enviado a prisión.
«En el caso de fraude quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción»; de una terminal en un puerto en el Pacífico, al sur de la capital, reconoció.
«Si yo cometí una omisión, error o delito, estoy aceptándolo, y lo estoy aceptando porque giré las instrucciones a las respectivas personas (…). Pero, en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude», agregó.
Otto Pérez y una red ilegal
Según la acusación, Pérez integraba una estructura ilegal junto a su vicepresidenta Roxana Baldett para recibir millones en sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas. Baldetti ya fue condenada en otros dos casos de corrupción.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
La Fiscalía local destapó los casos de corrupción con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado entre 2007 y 2019.
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