La jueza estadounidense que instruyó la demanda del fondo Burford Capital en el caso de nacionalización de la petrolera YPF en 2012, falló en contra de Argentina condenándola a pagar unos intereses del 8%, lo que podría elevar la indemnización a 16.000 millones de dólares.
El tribunal entiende que en el momento de la nacionalización en 2012 Argentina ejerció el control indirecto de la empresa, entonces en manos de la petrolera española Repsol. Y considera que «intereses del 8% son apropiados» para el cálculo de la indemnización, señala la jueza Loretta Preska en su fallo, divulgado este viernes.
La jueza del tribunal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, debía determinar los parámetros para el cálculo de la indemnización y si debían o no aplicarse intereses. Los demandantes, el bufete de abogados Burford Capital, especializado en comprar litigios ajenos, pedían entre 6 y 8% de intereses y cuestionaban la fecha para su cálculo.
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Petrolera YPF
Este punto era central al litigio: la demanda reclamaba considerar el 16 de abril de 2012, cuando el gobierno argentino emitió el decreto de nacionalización, como fecha válida, mientras Argentina sostenía que debía ser el 7 de mayo cuando el Congreso aprobó la ley de nacionalización y el precio de las acciones de YPF se había desplomado un 40%.
La cantidad en juego por estas diferencias oscilaba entre 16.050 millones de dólares y 9.490 millones, respectivamaente, dependiendo de que se tomara en cuenta una y otra fecha aplicando unos intereses del 8%. Argentina estaba dispuesta a pagar 4.920 millones, según sus cálculos, sin intereses.
La jueza consideró en su fallo de 25 páginas que Argentina «ejerció el control indirecto» de la empresa. Entonces en manos de la petrolera española Repsol, desde «el 16 de abril de 2012».
«Mediante la intervención, la República privó a Repsol del control de sus acciones y ejerció así un control indirecto sobre las mismas», agrega.
Asimismo, «considera que los intereses del 8% son apropiados» para calcular la indemnización.
Se trata del peor escenario posible para Argentina.
Antecedentes
El caso remonta a 2012 cuando Argentina nacionalizó la petrolera YPF, controlada por el grupo español Repsol. Dos años más tarde, la española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar el litigio.
No así otros accionistas minoritarios como el Grupo Petersen o Eton Park Capital (25,4% del capital de YPF). Que en 2015 presentaron una demanda, alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición como preveía la ley.
En aquella época, el ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, aseguró que este requisito hubiera sido una «trampa». Y solo un «tarado» esperaría que Argentina e YPF lo cumplieran.
El bufete Burford Capital pagó 16,6 millones de dólares a esas dos empresas perjudicadas para financiar las demandas judiciales, con lo que las ganancias por este caso podrían ser exponenciales.
En junio de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de Argentina para que el litigio se dirimiera en tribunales del país. El pasado marzo, la jueza Preska determinó que Argentina es responsable de las pérdidas sufridas por la nacionalización de la petrolera.
