La Corte Suprema de Israel examinó este martes los recursos presentados contra la reforma judicial, un proyecto muy controvertido del gobierno de Benjamin Netanyahu.
Los 15 jueces de la Corte Suprema de Israel se reunieron durante 13 horas para escuchar argumentos en contra de una disposición destinada a anular la posibilidad de que el poder judicial se pronuncie sobre la «razonabilidad» de las decisiones del gobierno o del Parlamento (Knéset).
La Corte dio 21 días al gobierno para presentar sus argumentos y no fijó fecha para una decisión.
La controvertida ley, adoptada por el Parlamento unicameral en julio, restringe los poderes de la Corte Suprema para invalidar una ley o una decisión gubernamental.
Unos minutos antes de la audiencia, decenas de manifestantes se reunieron frente a la Corte Suprema, ondeando banderas israelíes y tocando percusiones.
La presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, dijo que se escucharían ocho apelaciones contra la doctrina de la «razonabilidad».
Por su parte Simcha Rothman, el diputado que inició la enmienda, dijo que «poco a poco, a fuerza de complicados procedimientos legales, la Corte se está otorgando poderes sin precedentes», argumentando que no hay «razón» para que este organismo intervenga en el funcionamiento del gobierno.
Corte Suprema de Israel frente al rechazo popular
Desde el anuncio de la reforma judicial en enero, el proyecto fue rechazado masivamente en la calle y desató uno de los movimientos de movilización popular más importantes de la historia del país.
Yair Lapid, el líder de la oposición, consideró en Facebook que la enmienda votada por la Knéset en julio era «irresponsable».
El Likud, partido de Netanyahu, publicó un comunicado durante la audiencia donde afirma que «el fundamento más importante de la democracia es que el pueblo es soberano».
«Si la Corte puede anular una ley fundamental, se transforma en soberano en lugar del pueblo, un acto extremo que cuestiona el principio de la democracia», agregó el comunicado.
Según el gobierno de coalición que combina partidos de derecha, de extrema derecha y formaciones judías ultraortodoxas, esta reforma tiene como objetivo corregir un desequilibrio existente, fortaleciendo el poder de los funcionarios electos sobre el de los magistrados.
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