El tribunal electoral de Guatemala fue allanado este viernes por la cuestionada fiscalía para requerir las actas del proceso electoral que llevó a la presidencia al socialdemócrata, Bernardo Arévalo, quien denuncia un «golpe de Estado en curso».
«El operativo se desarrolla en seguimiento a las diligencias realizadas en la sede del COPE [Centro de Operaciones del Proceso Electoral]; y tiene como fin recabar información para fortalecer la investigación», indicó la fiscalía ante el allanamiento al tribunal electoral de Guatemala en la red social X (antes Twitter).
El allanamiento fue rechazado por los magistrados del tribunal electoral que lo calificaron como un «acto intimidatorio» para poner en duda los resultados de los comicios generales del 25 de junio y el balotaje que ganó Arévalo el 20 de agosto.
El 12 de septiembre, la fiscalía allanó las instalaciones donde se resguardan las papeletas de votación de los dos comicios en seguimiento a una denuncia por supuestas anomalías en el proceso electoral.
Ese operativo y el de este viernes fueron dirigidos por el fiscal Rafael Curruchiche; quien ha orquestado múltiples actuaciones contra el tribunal electoral y el partido Semilla de Arévalo. Hechos que han sido cuestionados en Guatemala y en el extranjero.
Durante el allanamiento el añejo edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE); ubicado en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, fue rodeado por decenas de policías.
Los operativos han sido respaldados por la fiscal general, Consuelo Porras. Incluida por Estados Unidos junto a Curruchiche en un listado de personajes «corruptos» y antidemocráticos» de Centroamérica.
«íLos golpista insisten!» claman ante el allanamiento de la fiscalía al tribunal electoral de Guatemala
Con este allanamiento, suman cuatro los operativos en sedes del TSE autorizados por el juez Fredy Orellana a pedido de la criticada Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que dirige Curruchiche.
El presidente electo Arévalo ha calificado las operaciones de la fiscalía como un «golpe de Estado» para evitar que asuma el poder el 14 de enero. Además ha pedido en reiteradas ocasiones la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana, este último también considerado «corrupto» por Washington.
«La última acción encabezada por Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, en contubernio con Fredy Orellana; desnuda una vez más el golpe de Estado que se encuentra en curso y que a todas luces apunta a un rompimiento constitucional», indicó Arévalo este viernes en un comunicado titulado: «íLos golpistas insisten!».
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, condenó en su cuenta de X el allanamiento. Tras indicar que exigirán «rendición de cuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática» a Arévalo.
En tanto, los magistrados del TSE en un comunicado indicaron que los fiscales llegaron por las actas «originales»; que contienen los resultados de la votación y lo denunciaron como «una violación al sistema democrático guatemalteco».
Los togados pidieron a la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia de justicia del país. Un amparo para evitar entregar los documentos originales que por ley están bajo su resguardo.
Además, consideran que «se están cometiendo muchas ilegalidades que atentan contra el orden electoral» por parte de la fiscalía, declaró la presidenta del tribunal electoral, Irma Palencia.
También indicaron que el operativo «ha dejado al descubierto una serie de acciones intimidatorias destinadas a socavar la integridad de nuestra democracia. Y poner en duda los resultados electorales ya oficializados».
OEA: «Ejemplo vergonzoso»
Curruchiche opinó lo contrario y declaró a periodistas que el trabajo de la fiscalía rescata «la democracia» y la «soberanía» que ha sido «violentada»; por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y otros miembros de la comunidad internacional que se han pronunciado contra las actuaciones de la fiscalía.
El allanamiento ocurre dos días después de que la institución de Porras pidió levantar los fueros a los magistrados electorales; para investigarlos por presuntas irregularidades en la adquisición de un sistema informático que muestra los resultados preliminares de las comicios.
«Un ataque de esta naturaleza no tiene precedentes en las observaciones electorales de las últimas décadas; y constituye un ejemplo vergonzoso para el hemisferio», señaló este viernes la misión de observación de la OEA. «El Ministerio Público ha decidido ignorar los numerosos llamados de la comunidad internacional y su comportamiento viola estándares democráticos», fustigó.
