Una comisión del Congreso de Brasil recomendó este martes acusar a Jair Bolsonaro de intentar un «golpe de Estado», al concluir su investigación sobre la asonada cometida por una multitud de partidarios del exmandatario ultraderechista contra los poderes públicos el 8 de enero en Brasilia.
Luego de escuchar durante casi cinco meses a una veintena de civiles y militares en audiencias públicas, los legisladores responsabilizaron a Bolsonaro (2019-2022) de cuatro delitos: golpe de Estado, abolición violenta del Estado de Derecho, violencia política y asociación criminal.
El 8 de enero, miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron el palacio presidencial y los edificios vecinos del Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, en un llamado a los militares a deponer al mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva ocho días después de su asunción.
«Jair Messias Bolsonaro, desde el cargo de presidente de la República, fue autor, sea intelectual o moral, de los ataques perpetrados contra las instituciones» que culminaron en la asonada, se indica en el informe de la comisión parlamentaria, leído el martes por la senadora Eliziane Gama.
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Comisión legislativa
Se prevé que voten el informe el miércoles y su aprobación está prácticamente garantizada por la mayoría de la base oficialista entre los 32 legisladores de la comisión. En ese caso, incumbirá a la Fiscalía General decidir si imputa o no al exmandatario, de 68 años.
Antes de su derrota ante Lula en octubre, Bolsonaro «utilizó como pudo el aparato estatal para lograr su mayor objetivo. Erosionar las instituciones brasileñas hasta su total destrucción, para mantener el poder, de forma perenne y autoritaria», indica el texto, de más de 1.300 páginas.
En total, 61 personas -la mitad de ellos militares o policías- a quienes acusan por la comisión, según la prensa.
Entre ellos están los generales Walter Souza Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, exministros de Defensa; el almirante Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina; o Marco Antônio Freire Gomes, excomandante general del Ejército.
También señalaron al exministro de Justicia Anderson Torres, que dirigía la seguridad pública del Distrito Federal de Brasilia el 8 de enero.
Esa invasión multitudinaria, dos meses después de una ajustada victoria electoral de Lula sobre Bolsonaro, sacudió la democracia brasileña. Desató una amplia investigación policial y derivó en sentencias de hasta 17 años de cárcel para algunos involucrados.
Según el informe de la comisión parlamentaria, la asonada fue parte de una «tentativa premeditada de golpe de Estado». Cuyo objetivo era «desestabilizar el gobierno, incendiar el país, provocar el caos y, si fuese necesario, una guerra civil».
(17/10/2023)
