El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes a la estatal petrolera PDVSA conceder licencias para la explotación de recursos en la región del Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y en la que Georgetown ha autorizado operar a petroleras extranjeras y locales.
Que se proceda «a crear la división PDVSA-Esequibo», y que de «inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la operación y explotación de petróleo, gas y minas en toda el área», dijo el mandatario reunido con el alto gobierno.
La estatal petrolera prometió abocarse a la tarea ordenada tras el referendo del pasado domingo; en el que se consultó a la población si Caracas debe seguir con su reclamo sobre la región en disputa.
En la consulta participaron más de 10,4 millones de votantes, la mitad del padrón electoral; y más del 95% estuvo de acuerdo en que el Esequibo pase a ser una provincia más de Venezuela, un resultado que fue reafirmado tras cuestionamientos de la oposición.
El resultado no cambia en nada el litigio que ambos países tiene en la CIJ sobre la región, cuya jurisdicción Caracas rechaza.
El movimiento del gobierno chavista llega después de que Guyana otorgara permisos de exploración a seis empresas, adjudicaciones de las que se desconocen los detalles pero que Caracas denunció porque fueron concedidas en «aguas pendientes por delimitar».
Disputa
Venezuela y Guyana se disputan desde hace más de un siglo el territorio Esequibo, una región de 160.000 km2 rica en petróleo y minerales, que actualmente es administrada por Guyana.
La disputa se reavivó después de que la estadounidense ExxonMobil descubriera grandes reservas de petróleo en la zona. Las tensiones, sin embargo, se elevaron después de que Guyana otorgara licitaciones a empresas extranjeras y locales para la explotación de estos yacimientos; lo que provocó que Venezuela convocara el referendo.
Guyana ha dicho que se mantiene «vigilante» ante las medidas tomadas por Venezuela; y el fiscal general guyanés, Anil Nandlall, apuntó este martes que «cualquier acción o intento de tomar cualquier acción en virtud del referéndum requerirá recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU como parte perjudicada».
Además de las licencias, Maduro propuso elaborar una ley especial para «prohibir» la contratación con las empresas que trabajan bajo las concesiones otorgadas por Guyana.
«Propongo (que se les den) tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar», dijo.
No obstante, apuntó que está «abierto a conversar».
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«Zona de defensa»
En base al resultado de la consulta del domingo, Maduro dijo que ejercerá el «poder» que le otorgó el pueblo. Y entregó al jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, una propuesta de ley para «la creación de la Guayana Esequiba»; una provincia de la región en disputa bajo administración de Caracas.
La ley comenzará a ser discutida el miércoles, apuntó Rodríguez.
Ordenó igualmente la creación de una «zona de defensa integral de la Guayana Esequiba»; una zona militar que estará ubicada en una población cercana a la zona en disputa, en el pueblo de Tumeremo, estado Bolívar (sur).
El mandatario no ofreció destalles, pero señaló que el jefe de esta división será el mayor general Alexis Rodríguez Cabello.
Militares ya adelantan la creación de una pista de aterrizaje en La Camorra, también cerca de la zona reclamada.
Guyana
El gobierno además pondrá en marcha un plan para otorgar cédulas de identidad a la población de la zona en disputa a través de la activación de una oficina para ello.
El mandatario dijo que comenzarán a circular mapas con la región del Esequibo anexada y pidió decretar el área como un «área de protección especial».
Caracas argumenta que el río Esequibo es la frontera natural con Guyana, por lo que el territorio en disputa formaría parte de Venezuela, como en 1777 cuando era colonia de España. Además apela al acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido; que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales.
Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la CIJ, cuya jurisdicción desconoce Caracas.
