Los chilenos votan este domingo en un plebiscito si mantienen la criticada Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet o escogen un nuevo texto aún más conservador, lejos de la efervescencia con la que hace cuatro años se abrió este proceso.
Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar «a favor» o «en contra» de una propuesta de Constitución redactada por un órgano dominado por el ultraconservador Partido Republicano.
El texto disminuye el peso del Estado, podría limitar algunos derechos, como el aborto terapéutico, y endurece el trato a los migrantes con la expulsión «en el menor tiempo posible» de quienes estén en situación irregular.
El gobierno del izquierdista Gabriel Boric mantuvo una posición neutral frente a este proceso, el segundo en los últimos dos años para reformar la carta magna de la dictadura (1973-1990).
«Hoy estamos llevando adelante una nueva jornada cívica que más allá de cualquier resultado, fortalece nuestra democracia», afirmó el mandatario tras votar en su natal ciudad de Punta Arenas (3.000 km al sur de Santiago).
Chile, agregó el presidente, «ha demostrado una fortaleza que no tenemos que dar por sentada, que los problemas que tenemos en la sociedad los canalizamos institucionalmente y los resolvemos vía pacífica».
Después de una rápida constitución de las mesas, la jornada transcurría sin mayores incidentes en un caluroso día el fin de semana antes de Navidad, donde el gran comercio debió cerrar sus puertas.
La elección es con voto obligatorio y se anticipa un rápido conteo a partir del cierre de las mesas a las 18H00 locales (21H00 GMT).
Agotamiento
Las encuestas, que no pueden divulgarse desde dos semanas antes de la elección, anticipan un triunfo de la opción «en contra», aunque con un porcentaje de indecisos de dos dígitos que podría inclinar la balanza, en medio de un bajo interés de la población.
«Hay poco ánimo, ya que es un proceso desgastante», dijo a la AFP Nicolás Mora, un informático de 29 años tras emitir su voto en Santiago.
«Espero que tras esta votación podamos estar tranquilos; que el país se pueda calmar, que haya estabilidad, que la gente pueda volver a trabajar, a tener seguridad respecto al trabajo y a la vida cotidiana», afirmó por su parte Paulina Salas, una ama de casa de 56 años.
En noviembre de 2020, un 80% de los chilenos decidió iniciar un proceso para cambiar la Constitución vigente desde la dictadura como respuesta a las masivas protestas que estallaron en octubre de 2019.
Una Asamblea Constituyente dominada por la izquierda redactó un texto progresista, que incluía transformaciones profundas, pero que terminó ahuyentando a los electores, que lo rechazaron por un 62%.
Se inició otro proceso liderado ahora por el Partido Republicano, que redactó un texto bajo su ideario y sin tampoco llegar a un consenso.
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«Hay un agotamiento de la ciudadanía respecto del proceso constitucional», dice a la AFP Carolina Lefort, una abogada de 42 años.
«Es llamativo que esto esté pasado en Chile, un país en el contexto latinoamericano reconocido por una buena clase política, abierta, tolerante, de diálogo y siempre buscando acuerdos y consensos», plantea Michael Shifter, expresidente del centro de estudios Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown.
Justicia
El aumento de los delitos violentos -que los chilenos asocian a la llegada de migrantes extranjeros, en su mayoritaria venezolanos- y una economía que no despega tras un fuerte ajuste destinado a contener la inflación, concentran ahora la atención de la población.
Cuatro años después de salir a las calles para reclamar mayor justicia social, los habitantes ahora quieren más policías, orden y seguridad.
«Es otro Chile. El país ha cambiado de manera dramática (…) y de cierta forma se ha vuelto un país más latinoamericano. Los chilenos se consideraron siempre como una excepción, un país más europeo y no como sus vecinos, y ahora se parecen un poco más a ellos», agrega Shifter.
Aunque reformada varias veces en democracia, el cambio de la Constitución de Pinochet era una vieja aspiración de la izquierda chilena, que apunta a su origen ilegítimo y la escasa protección que establece de derechos sociales como salud, vivienda, pensiones y educación.
Pero frente a una propuesta todavía más conservadora, los partidos de la izquierda chilena llamaron a votar «en contra» de un texto que profundiza aún más el modelo neoliberal. «Yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo», dijo este domingo la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018).
