La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el jueves la «desaparición forzada» desde hace ocho días en Nicaragua del obispo Isidoro Mora y una «nueva ola de detenciones de religiosos» por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Medios de prensa nicaragüenses que trabajan desde el exilio y la abogada Martha Molina, investigadora de temas de la Iglesia de Nicaragua, denunciaron este jueves que la policía detuvo al vicario general de la Arquidiócesis de Managua, Carlos Avilés; que se suma a los arrestos en las últimas semanas de otros dos sacerdotes y del obispo Mora.
La agencia de la ONU «condena la desaparición forzada del obispo Isidoro Mora en #Nicaragua desde hace 8 días; y la nueva ola de detenciones de religiosos», dijo en la red social X la oficina para América Central y el Caribe; con sede en Panamá.
«Además de atentar contra su libertad personal, violarían el derecho a la libertad religiosa, pilar de cualquier Estado democrático», agregó.
La policía nicaragüense aún no se ha referido a la situación de ninguno de los religiosos.
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Obispo
Además de Mora, de 53 años y obispo de Siuna, en la región del Caribe nicaragüense, está detenido el obispo Rolando Álvarez, de 57 años, condenado el 10 de febrero a 26 años por traición a la patria, propagación de noticias falsas y desacato; un día después de que rechazara salir a Estados Unidos junto a 222 opositores presos expulsados.
La relación entre la Iglesia y el gobierno de Nicaragua se deterioró en medio de las protestas del 2018; luego de que Ortega acusó a religiosos de apoyar a los opositores en lo que consideró un intento de golpe de Estado. Tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Álvarez ha preferido la cárcel al exilio y no figuró entre los 12 sacerdotes liberados en octubre y enviados a Roma tras un acuerdo del gobierno con el Vaticano. Con Mora, suman ahora dos los obispos detenidos.
Una investigación de Molina, en el exilio en Estados Unidos, sostiene que desde 2018 hubo 740 ataques contra la Iglesia. Y que 176 sacerdotes y religiosas fueron expulsados, desterrados o se les prohibió ingresar al país.
