El gobierno del presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, concretó este lunes la intervención por decreto de los medios estatales a fin de «modificar la estructura orgánica y funcional», según el texto publicado en el Boletín Oficial.
La medida comprende la radio y televisión pública y la agencia de noticias Télam por un año; además del portal educativo Educ.ar, el Polo de Producción Audiovisual y al Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua).
De acuerdo a los artículos del decreto, la intervención se realiza con el fin de poner en marcha un «plan de reformulación, readecuación y acción» que será sometido a aprobación del Poder Ejecutivo.
Gobierno argentino
En un decreto anterior publicado el viernes, Milei daba a la jefatura de Gabinete el control de los medios públicos para «intervenir en la definición de la estrategia de comunicación y de contenidos realizada por canales y plataformas de comunicación».
La medida de este lunes, que da un paso más en este sentido, se enmarca en la declaración de «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social» que declaró el gobierno desde el 20 de diciembre pasado hasta el 31 de diciembre de 2025.
El Ejecutivo designó a sendos abogados como interventor y adjunto por el plazo de un año, renovable por otro periodo, entre ellos el abogado Diego Martín Chaher, exdirector de la empresa de medios Grupo América.
El decreto les otorga amplias facultades para «evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo».
También les da otorga facultades para contrataciones de obras, bienes y servicios, así como designar o remover personal.
Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni el viernes, aún no está definido si el gobierno avanzará o no en la privatización de los medios de comunicación.
«No lo sabemos, no está definido (…) el presidente irá definiendo cómo es el alcance de esa reorganización que llevará mucho tiempo», dijo.
Respecto al personal que se desempeña en esas empresas del Estado, Adorni sostuvo que «todos los que trabajan de buena fe y aportan valor, no tienen de qué preocuparse».
