La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por los actos de «represión policial» registrados en Argentina mientras se sometía a votación en el Congreso la denominada ‘ley ómnibus’ impulsada por el presidente, Javier Milei, que finalmente fue rechazada.
Junto a la CIDH, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha alertado de que se han registrado «denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil que señalan un uso desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas» durante las protestas que se produjeron de forma paralela a la votación en las inmediaciones de la sede legislativa.
Así, han instado al Gobierno a respetar el «derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y labor periodística», así como a «garantizar la seguridad», según un comunicado. Entre el 31 de enero y el 2 de febrero se detuvieron 31 personas durante las protestas convocadas frente al Parlamento; mientras se discutía el proyecto de ley.
Unas 285 personas fueron heridas a manos de las fuerzas de seguridad, según constató el Comité Nacional para Prevención de la Tortura; mientras que el Gobierno informó de siete agentes heridos durante los enfrentamientos.
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Represión policial
«Adicionalmente, según sindicatos de trabajadores de la prensa, alrededor de 35 periodistas y comunicadoras presentaron algún tipo de herida; incluyendo lesiones por impactos de balas de goma y quemaduras con gases lacrimógenos», han aseverado la CIDH y la Relatoría.
En este sentido, han dicho haber recibido denuncias de «declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades descalificando y desacreditando la labor de mujeres periodistas; así como en contra de personas manifestantes, congresistas y opositores», han especificado.
La CIDH ha recalcado que la protesta y manifestación pacífica son «esenciales» en las sociedades democráticas. Añadió que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Ante una protesta, «el uso de la fuerza es un recurso último y excepcional, que debe limitarse a circunstancias en las que se acredite la legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad del mismo», recoge el texto. «Si se dan actos de violencia, las autoridades no deben actuar de manera indiscriminada; sino individualizar a los responsables y distinguirlos de quienes ejercen su derecho a manifestarse», ha añadido.
Por otra parte, ha destacado el papel de la prensa como elemento «fundamental» para mantener informada a la sociedad y evitar abusos de autoridad.
«Cuando se afecta la integridad física de los periodistas que cubren protestas, se violan tanto el aspecto individual de la libertad de expresión, pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento; como su aspecto colectivo pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen», han subrayado.
